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En la última década, el desplazamiento forzado de personas se incrementó en Colombia como resultado de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. Con anterioridad a la celebración del 20 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre refugiados, la mayoría de países vecinos se esforzaron por evitar que el conflicto en Colombia se volviese internacional, negando el efecto transfronterizo del mismo y adoptando medidas para proteger sus territorios. Esta estrategia, sin embargo, fue inadecuada ya que los grupos irregulares colombianos expandieron sus operaciones en territorios vecinos y el número de refugiados se incrementó.
El ACNUR se percató que el conflicto en Colombia no sólo producía desplazados internos y empezó a realizar estudios en la zona y a establecer un sistema de registro como actos encaminados a facilitar el futuro establecimiento de un régimen especial de protección de refugiados en la región andina.
