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El presente estudio parte de un análisis de las dificultades que ofrece el marco normativo básico local para elaborar leyes autonómicas que regulen el sistema de gobierno local adaptado a los requerimientos actuales, dado que se trata de un marco normativo inadaptado a las necesidades del momento. Aun así, el trabajo toma como referencia un estudio de caso (la Ley de Instituciones Locales de Euskadi) que, pese a esas limitaciones descritas, ha conseguido incorporar un nuevo modelo de regulación local que supera los estrechos márgenes de la tradicional concepción de régimen local para adentrarse en la articulación de un «sistema de instituciones locales». La ley vasca se configura como un producto atípico, si bien con el precedente de la ley andaluza de autonomía local de 2010, cuyas características más relevantes son su carácter de ley integral (regula competencias, financiación y un fuerte sistema institucional de garantías de la autonomía local), así como su especial naturaleza jurídica, marcada por su carácter de ley institucional que debe diferenciarse de las leyes ordinarias como consecuencia de su procedimiento de modificación en caso de afectación a las competencias municipales, por razón de la unidad de materia y por salvaguardar su contenido en el principio de buena regulación. Todo ello exige modificaciones ulteriores ad hoc. Son todas ellas, por tanto, características que pretenden preservar el contenido de la Ley frente a la actuación del legislador sectorial posterior. El trabajo se cierra con unas reflexiones críticas sobre el papel de los Acuerdos de las Comisiones Bilaterales entre Ejecutivos (art. 33 LOTC) en torno a la determinación del alcance y adecuación al orden constitucional de competencias de las leyes aprobadas por los Parlamentos, con especial referencia a este caso y al mundo local.
