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Algo más de dos años es tiempo suficiente para medir el impacto real de los mecanismos de segunda oportunidad, introducidos durante la primera mitad de 2015 en nuestro sistema de insolvencia sin distinción definitiva entre empresarios y no empresarios. Ahora basta con recapitular, a grandes trazos, lo que ha dado de sí la aplicación práctica de estas medidas para formular una suerte de decálogo que sintetice algunas de sus insuficiencias.
