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Valeria Manzano
Desde las perspectivas de la historia política y cultural, el objetivo general de este artículo es analizar los modos por los cuales, entre 1984 y 1989, los legisladores participaron de la configuración de un «problema de la droga». En particular, el artículo atiende a la construcción de argumentaciones, acuerdos y desavenencias e intenta identificar cuáles fueron los «marcos» que crearon o retomaron a la hora de posicionarse frente al «problema de la droga» en general, y la tenencia de estupefacientes para consumo personal, en particular. Mientras que a escala transnacional se insinuaba una creciente hegemonía de la perspectiva de la salud para abordar las cuestiones de tenencia de estupefacientes, a escala doméstica —en sintonía con la cristalización de un ideario afín a la restauración de un orden político democrático— esa perspectiva se combinó con un lenguaje de derechos. En contextos específicos, como el de 1986, los marcos desplegados por algunos legisladores y miembros de la Corte privilegiaron la defensa del derecho (individual) a la intimidad —por oposición a lo que se entreveía como una intromisión potencialmente autoritaria del Estado en esa esfera—. Ese marco no encontró eco en una mayoría de los legisladores, quienes propusieron otro, centrado en la defensa de los derechos (colectivos) a la salud. Eventualmente, el arco multipartidario que vigorizó este marco en el último trienio de la década de 1980 le dio una inflexión particular al insertarlo dentro de una perspectiva punitiva —que es la que se encuentra en la base de la actual «ley de drogas», sancionada en 1989—.
From the perspectives of political and cultural history, this article reconstructs how legislators participated from the shaping of a «drug problem» in Argentina, between 1984 and 1989. Particularly, the article looks at how legislators delineated their argumentations, agreements, and disagreements and tries to identify the «frames» they deployed vis-à-vis the «drug problem» in general, and the issue of drug possession for personal consumption, in particular. While transnationally a perspective centered on public health gained preeminence throughout the 1980s, domestically it coalesced with a language of rights attuned with a series of ideas connected with the restoration of a democratic civil order. In particular contexts, such as 1986, some legislators and the majority of the Supreme Court of Justice privileged the shaping of a frame centered on the defense of the individual’s right to intimacy—as opposed to what many of them viewed as a potentially authoritarian invasión of the State into that realm. This frame was not successful among a majority of legislators, who proposed another frame, centered on the defense of the collective rights to health. Eventually, the multi-party arch that invigorated this frame in the last triennium of the decade gave it a particular inflexión by combining the «collective right to health» with a punitive perspective, which is at the core of the current drug legislation, passed in 1989.
