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El presente trabajo trata de averiguar si el artículo 108.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por el apartado cuatro de la disposición final tercera de la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, constituye una causa de suspensión de la ejecución de sentencia. Para ello, se hace una revisión de la doctrina y de las resoluciones judiciales dictadas desde la entrada en vigor del precepto hasta el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo en la materia.
