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La denuncia de ilegalidades o whistle-blowing está siendo utilizada por las sociedades democráticas para mejorar la eficacia de determinadas políticas públicas. No obstante, cultural y jurídicamente esta actuación supone serios problemas hasta el punto de que su traducción del inglés no es fácil a la mayoría de idiomas, como ocurre con el español. Desde no hace mucho tiempo el legislador y los jueces de los países más desarrollados de la OCDE están elaborando un estatuto jurídico del whistle-blower, que lo proteja frente a eventuales represalias, por ejemplo en su entorno laboral. Asimismo, la política de clemencia frente a los infractores que denuncian a otros ofrece una perspectiva en este ámbito y se está aplicando de manera significativa en el derecho de la competencia y en la regulación de los mercados financieros. En España, a pesar de los escándalos por la corrupción, la introducción de estos procedimientos se hace de manera muy tímida y solo ha logrado calar a través de la recepción del derecho de la Unión Europea y mediante alguna reforma del procedimiento administrativo.
Whistle-blowing is a procedure used in democratic societies in order to improve the effectiveness of some specific public policies. However, culturally and legally this action raises problems, notably its translation in so far as there are no neutral equivalents of this English term into most of the languages, i.e. Spanish. Recently, law-makers and judges in the most OEDC developed countries are establishing new rules that protect whistle-blowers’ activity from reprisals, notably at work. Moreover, leniency policy regarding infringers has been developed properly in competition law and in financial services rules. In Spain, although the scandals due to the corruption, these legal remedies have been scarcely introduced through the implementation of the European Union’s law and by the recent legislative reform on administrative procedure.
