La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 2017 por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE). Hasta la fecha, España no había incorporado esta Directiva a su ordenamiento jurídico nacional