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En 2018, los proveedores de servicios financieros de la Unión Europea afrontan una agenda regulatoria especialmente intensa. Destacan la entrada en vigor de la segunda Dirediva de Mercados en Instrumentos Financieros (MiFID 11), la segunda Directiva de Pagos (PSDl) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Aunque esta normativa responde a principios lógicos, se observa también cierta abundancia y exceso de celo en la burocratización de procedimientos que impondrán dificultades importantes para el desarrollo de la actividad financiera en la UE durante 2018. Por otro lado, se constata que existe un debate político intenso entre los países que apuestan por avanzar hacia una unión bancaria más completa (con un fondo de garantía de depósitos común y, potencialmente, un Fondo Monetario Europeo) y los que exigen que antes de mutualizar más riesgos, los existentes deben reducirse de forma sustancial.
En España, el esfuerzo reciente en materia de saneamiento ha sido muy considerable.
Entre diciembre de 2013 y septiembre de 2017, los préstamos dudosos se han reducido en 91.267 millones de euros. Asimismo, las últimas pruebas prospectivas de solvencia realizadas por el Banco de España sugieren un nivel de resiliencia muy destacado, incluso en los escenarios más adversos
