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Gonzalo Fanjul Suárez, Virginia Rodríguez
La Unión Europea está atrapada en una lógica inmigratoria que justifica el control y la seguridad. Refuerza así la idea del otro como amenaza y genera una industria que se beneficia de esta política.
A lo largo de los 11 primeros meses de 2017 cerca de 160.000 personas llegaron de manera irregular a las fronteras exteriores de la Unión Europea. La inmensa mayoría lo hizo a través de alguna de las rutas marítimas abiertas por los traficantes en respuesta a las medidas establecidas por los Estados miembros para impedírselo. No menos de 3.091 seres humanos perdieron la vida en el intento, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
El debate sobre la pertinencia y eficacia de las políticas migratorias europeas se reduce a menudo a un juego de equilibrios entre dos factores: de un lado, las necesidades de seguridad y control de los accesos a la UE; de otro, la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, incluyendo los millones de solicitantes de asilo que se han aproximado a Europa desde 2014. Rara vez, sin embargo, conseguimos entender el espectro amplio de variables que determinan este juego, en el que no solo cuentan los perdedores de un sistema que no es políticamente neutro, sino también aquellos que se benefician económicamente de él y que podrían llegar a desempeñar un papel en la perpetuación del statu quo.
¿Quién gana con las políticas migratorias de la UE? Esta fue la pregunta que inspiró un proyecto de investigación de la Fundación porCausa que comenzó hace más de un año y que acaba de culminar su primera fase. En él hemos podido constatar que se ha conformado y consolidado en España una industria del control migratorio sin la cual no es posible llevar a término los objetivos declarados de la política de gestión de fronteras. Esta industria depende casi absolutamente de los fondos públicos que recibe de las instituciones europeas. A medida que España y la UE iban definiendo los fundamentos administrativos e ideológicos de sus políticas migratorias, un ecosistema de empresas y organizaciones privadas ha ido conformando la red de intereses y relaciones que caracteriza cualquier sector industrial. Esta industria se estructura en cuatro áreas distintivas: el control y la vigilancia de las fronteras; la detención y expulsión de inmigrantes; su acogida e integración; y las actividades de externalización de fronteras a través de acuerdos de seguridad o cooperación con países terceros.
Las implicaciones de la existencia y consolidación de esta industria son múltiples, pero una de las más relevantes está relacionada con su papel en la deriva de la política migratoria europea. Este pilar esencial de la acción comunitaria se ha ido definiendo de facto en los últimos años, en paralelo con la consolidación de una industria donde la UE no se limita a la provisión de recursos económicos. La orientación del gasto viene definida estrictamente por las prioridades políticas acordadas por las instituciones europeas y el conjunto de los Estados miembros, lo que reduce al gobierno español al papel de intermediario entre estas instituciones y las empresas y organizaciones beneficiarias de los contratos.
Eso no quiere decir que España haya sido un actor pasivo, ni mucho menos. Como garante de la protección de la frontera suroccidental de Europa, por su vecindad con Marruecos y por su frontera geográfica con el continente africano, España ha sido una precursora y un laboratorio de experimentación de las políticas y medidas de aplicación que hoy impulsan las instituciones de la UE y sus Estados miembros.
La industria del control migratorio se crea y consolida como resultado de una deriva de la política migratoria hacia la securitización, externalización y privatización de fronteras que comenzó a gestarse mucho antes de que Europa entrase en pánico con la crisis de refugiados. Y en el caso paradigmático de España, lo ha hecho con la connivencia de gobiernos de ambos signos políticos ...
