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Jesús A. Núñez Villaverde 
Si la principal virtud de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional es que asienta la idea de la seguridad como concepto integral, servicio público y política de Estado, su defecto es el exceso de ambición y la falta de priorización.
Dado que la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) no está sujeta a un calendario fijo, el clásico argumento empleado para aprobar una nueva es aducir que han cambiado las circunstancias que definen el escenario de seguridad. Evidentemente, esa idea de cambio es válida en cualquier momento, puesto que el mundo globalizado se caracteriza por un incesante ritmo de modificaciones que cuestionan lo que parecía inmutable ayer mismo, haciendo cada vez más compleja la gestión de los asuntos de paz, seguridad y defensa. Dicho eso, y si lo comparamos con giros tan significativos como los vividos en etapas anteriores, no resulta tan claro que fuera imprescindible ahora mismo la elaboración de una ESN que sustituyera a la de 2013. De hecho, más allá de algunas matizaciones que se analizan a continuación, hay mucho más de continuidad que de cambio en sus 128 páginas.
De un documento que, en su primera formulación de 2011, se titulaba Estrategia Española de Seguridad hemos pasado a otros (2013 y 2017) que optan por la denominación de Estrategia de Seguridad Nacional, cuando habría sido más atinado hablar de Estrategia Nacional de Seguridad (nadie diría, por ejemplo, Estrategia de Trabajo Nacional si se formulase algo similar en ese o en cualquier otro campo). Y esto no solo por huir del concepto de seguridad nacional, que tan trágico recuerdo acumula tras las experiencias de las dictaduras latinoamericanas, alineadas con las enseñanzas de la siniestra Escuela de las Américas, o por preferir el de seguridad humana (que no se menciona ni una sola vez en el texto), sino por entender que lo relevante es lograr la colaboración de todos los actores estatales y no estatales (la nación) en pos de la seguridad común. Una colaboración que, en la versión de 2011, se establecía como "una responsabilidad de todos" y que ahora se reduce a "un proyecto compartido de todos y para todos".
La dificultad de conceptualizar Si hubiera que atender a lo reflejado ocasionalmente por los medios de comunicación que dieron cuenta de su aprobación el 1 de diciembre de 2017, parecería que la amenaza más relevante hoy serían las campañas de desinformación (con el trasfondo de la manipulación detectada en Cataluña). Por supuesto, ese es uno más de los frentes a atender en el contexto de las llamadas guerras híbridas; pero sin que con eso se pierda de vista al resto de las que se recogen en el capítulo cuarto. En este punto se transmite la sensación de que todavía no se ha logrado establecer un consenso claro sobre los conceptos manejados y sobre el listado de los problemas a los que nos enfrentamos. Así, en una mirada de conjunto sobre las tres ESN aprobadas, se percibe un considerable batiburrillo en el manejo de los conceptos de amenazas, riesgos, desafíos y potenciadores o multiplicadores de las amenazas. Eso hace, por ejemplo, que ahora hayan desaparecido los potenciadores citados en la ESN 2013 - pobreza, desigualdad, extremismos ideológicos, cambio climático, desequilibrios demográficos y uso nocivo de las nuevas tecnologías - , entendidos entonces como factores que pueden activar o avivar una amenaza.
Se llame como se llame, es bien sabido que las brechas de desigualdad entre los que "tienen" y los que "no tienen" se identifican como uno de los más potentes factores belígenos en cualquier rincón del planeta. Por eso puede sorprender que siendo España el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que registra en la actualidad la mayor desigualdad interna (cuando nueve años antes ocupaba esa misma posición entre los menos desiguales), no solo no haya referencia alguna a la cuestión en la ESN 2017, sino que se opte por un discurso ampuloso que enfatiza la salida de la crisis y presenta un futuro inmediato por fuerza positivo. Plantearlo de ese modo supone, cuando menos, un notable desajuste con el objetivo proclamado en ese mismo texto de protección del bienestar de la ciudadanía y una aceptación pasiva del deterioro que afecta a tantos españoles (con el riesgo de que esa situación desemboque en la radicalización extremista y violenta) ...
