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Rafael Rojas
Los dos grandes desafíos para quien dirija el gobierno de Cuba a partir de abril serán recuperar el ímpetu reformista y, algo aún más difícil, hablar en nombre del Estado cubano.
La sucesión de poderes presidenciales en Cuba, contemplada para el 24 de febrero de 2018, según el calendario electoral históricamente establecido, ha sido pospuesta para el 19 de abril. La tradición reservaba cada cinco años el 24 de febrero - día del inicio de la última guerra de independencia contra España - como momento de arranque de cada nuevo gobierno de Fidel o Raúl Castro. Ahora la ceremonia se ha transferido al 19 de abril, día en que se conmemora la derrota de la invasión de playa Girón, en 1961, efeméride más a tono con el nacionalismo revolucionario cubano.
Es difícil explicar el aplazamiento del traspaso de poderes. La explicación oficial de que se debe a un retraso en tareas del gobierno, como consecuencia del huracán Irma, no resulta convincente. Es cierto que el calendario electoral se alteró desde octubre de 2017, pero era posible llegar a finales de febrero con la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular instalada. No habría que descartar que el aplazamiento se deba a una falta de consenso en torno a la figura del sucesor o, en el mejor de los casos, a un proyecto de reforma que quiere aplicarse antes del traspaso de poderes.
Desde principios de 2016 el gobierno cubano viene anunciando una serie de nuevas leyes, que serían aprobadas en la Asamblea Nacional: una nueva ley electoral, otra de asociaciones, otra de medios de comunicación. La expectativa de una nueva legislación, sobre todo en materia electoral, tenía sentido como parte del proceso de sucesión que se iniciaría a finales de 2017 y que culminaría el 24 de febrero de 2018. Al no decretarse la nueva ley electoral, los comicios se han producido de acuerdo con las misma reglas del juego que existían en tiempos de Fidel Castro.
El sucesor del presidente, de acuerdo con ese sistema, es el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Lo que fue Raúl con Fidel Castro y lo que ha sido Miguel Díaz-Canel en los últimos años. Se trata, por tanto, de un sucesor previamente designado, que ni gana ni pierde una elección, ya que aunque no obtenga un amplio porcentaje en la elección interna del Consejo de Estado, sería proclamado, de todas formas, como nuevo presidente. Una nueva ley electoral que eliminara o limitara las funciones de las Comisiones de Candidatura gubernamentales - que filtran a los candidatos del Poder Popular, entre el nivel municipal y el nacional - o que abriera la elección del presidente y el vicepresidente al sufragio directo podría alterar el resultado.
Es altamente improbable que el próximo proceso electoral, a nivel nacional, donde se decidirá la composición de la Asamblea Nacional y la nueva membresía del Consejo de Estado, tenga lugar bajo una nueva ley. Eso implicaría asumir una dosis de incertidumbre en torno a los resultados, que no parece tolerable en un momento tan sensible de alternancia, cuando, por primera vez en casi 60 años, podría estar al frente del gobierno de la isla una persona que no se apellida Castro. El sucesor, más si no lleva el apellido, deberá llegar al poder con un mandato explícitamente encomendado por Raúl Castro y la máxima dirigencia del país.
La legitimidad del sucesor en la era post-Castro está condicionada por la inmutabilidad política. La idea de que las reformas podían ayudar a dotar de legitimidad interna y externa al nuevo mandatario choca con el principio de la sucesión autoritaria. Para la cúpula del poder cubano, mientras más apegada a las viejas formas sea la sucesión, más legítimo será el sucesor. En buena medida, esa vieja legitimidad se basa en la mayor o menor confianza que el liderazgo histórico tenga por el sucesor. El freno o la contrarreforma que hemos observado en Cuba, desde 2016, no sería únicamente un modo de enfrentar el desafío de Barack Obama o la amenaza de Donald Trump, sino una compensación natural del proceso sucesorio ...
