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La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 ha declarado la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los casos en que se aprecie que no existe un incremento del valor real entre el momento de la adquisición del terreno y su posterior transmisión. En este trabajo se abordan las cuestiones que quedan abiertas tras la sentencia:
en qué situación quedan los procedimientos anteriores a la sentencia en los que se ha aplicado el impuesto; qué vías de recuperación pueden existir de conformidad con la regulación tributaria; y si resulta posible la aplicación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador teniendo en cuenta su regulación vigente en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre régimen jurídico del sector público
