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Luis Francisco Carrillo Pozo
No hay duda de que el legislador europeo ha querido reequilibrar las posiciones negociales de las partes en algunos tipos de contratos en los que existe una parte con déficit de información. Es este el caso de la relación laboral. Se ha dado a luz una norma materialmente orientada que intenta salvaguardar un mínimo de protección, pero no se puede afirmar que la norma de conflicto del art. 8 del Reglamento Roma I sirva para garantizar en todo caso el mayor nivel de protección al trabajador implicado en un contrato con elementos de internacionalidad. Hay elementos de técnica legislativa (la incertidumbre en cuanto a los resultados), otros propios del derecho internacional privado (el peso tradicionalmente asignado a la autonomía de la voluntad como criterio de conexión, por ejemplo) y circunstancias económicas (la necesidad de salvaguardar la competencia en un mercado global, la paz laboral) que lo justifican. Se trata por ello de afrontar el estudio de la disciplina conflictual estructurando las diferentes situaciones reales que el Reglamento contempla, sin perder de vista la transcendencia de la doctrina sentada por el TJUE en las contadas ocasiones en las que ha podido pronunciarse sobre el tema.
Era necesario partir de tres pilares: 1. El art. 8 RRI contiene la normativa conflictual básica en la materia, desplazando cualquier norma nacional. 2. Para saber qué se entienda por trabajador disponemos de una amplia batería de sentencias en las que el TJUE se pronuncia a propósito de la norma del art. 45 TFUE y en base al art. 18 RBI (actual art.
20 RBI bis); a partir de la idea de subordinación el legislador nacional es libre para disciplinar las concretas especies negociales. 3. El sistema de protección se construye tomando como eje la referencia ofrecida por la ley del lugar donde se trabaja –dicho en términos generales-, y ello con independencia de que exista o no pactum de lege utenda.
Dicho lo anterior, se estudian las posibles situaciones típicas:
La hipótesis sencilla es aquella en la que existe un solo lugar habitual de trabajo, aun cuando el trabajador fuera desplazado con carácter temporal a otro sitio. Las ventajas de esta conexión son conocidas, y se resumen en su sencillez y cognoscibilidad por todos los implicados: basta estar al texto del contrato. Entra en esta categoría de un solo lugar de ejecución la hipótesis del teletrabajo o del trabajo a distancia.
Cuando un trabajador realiza su actividad a partir de un determinado lugar se eleva a categoría de norma las conclusiones alcanzadas por el TJ en materia de competencia judicial internacional. Parecía evidente que, para que pudiera entrar en funcionamiento y tener relevancia localizadora, lo que se haga en ese lugar debería tener alguna entidad en el conjunto de la prestación, ya sea de planificación y control ya de ejecución, sin atender sólo al criterio cuantitativo (el tiempo pasado en él): Regresar a un sitio, pasar mucho tiempo allí o usarlo como punto de partida para el trabajo no es relevante si no va acompañado de actividad laboral. Ocurre sin embargo que el mismo TJ ha expandido el juego del criterio hasta convertir en marginal el subsidiario de la empresa contratante (sentencias de 15 de marzo de 2011 y de 15 de diciembre de 2011). Más aún: se ha elaborado un concepto de lex loci executionis que termina por confundirse con la ley que presenta los vínculos más estrechos con el contrato.
Los supuestos de desplazamiento temporal de trabajadores precisan una referencia desde la perspectiva conflictual: El tema es objeto de otro capítulo de esta obra, pero conviene reiterar la idea de que la directiva 96/71 no pretende sustituir a la norma general del art.
8 RRI, y que su idea inspiradora no es la tutela del trabajador sino la protección de las condiciones de competencia en el mercado. En consecuencia, la referencia a las normas imperativas del art. 9 RRI no vale para colmar eventuales déficits de protección que voluntariamente haya dejado el legislador.
Tanto en los supuestos de inexistencia de un lugar físico sometido a soberanía estatal como en los de pluralidad de lugares de trabajo la respuesta del legislador europeo ha ido en la dirección de la facilidad, prefiriendo la ley del establecimiento por medio del cual fuera asumido el trabajador. La sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2011 interpreta los conceptos de establecimiento y de conclusión empleados en el art. 8.3 RRI, y lo hace ateniéndose a la estricta literalidad.
En todo caso, todas estas conclusiones sobre ley objetivamente aplicable son provisionales: la sentencia del TJ de 12 de septiembre de 2013, sobre la huella de la de 6 de octubre de 2009, deja bien claro que la consideración y operatividad de la cláusula de escape no admite excepciones. Es norma tan imperativa como cualquier otra. A partir de ahí corresponde a los tribunales ir delineando grupos de casos en los que típicamente deba funcionar, partiendo del supuesto básico de aislamiento extremo del locus executionis.
En otro orden de cosas, la inserción en el contrato de un pacto de elección de ley no convierte en innecesario el razonamiento anterior, como es sabido: Sólo vale lo que protege por encima del standard objetivo. El gran problema es saber con certeza qué debe ser comparado. Hay tres niveles posibles (disposiciones aisladas, institutos, ordenamientos), y más allá de asunciones acríticas lo cierto es que en el sistema español no hay una respuesta (jurisprudencial) clara al problema, salvo un par de sentencias que realmente no entran a fondo en el problema. Sea como sea, las ventajas de una comparación de amplio alcance merecen ser subrayadas y debeía ser esta la fórmula que se consolide.
Está igualmente abierta la cuestión de la coordinación de este modelo en dos fases con el sistema de alegación y prueba del Derecho extranjero, en la medida en que, si bien es cierto que se impone la aplicación de un mínimo protector sin condicionamientos, no se puede dar entrada en el proceso a un ordenamiento sin dar a las partes la oportunidad de alegar y discutir sobre él. En este panorama, la aplicación de la ley del foro en casos de crisis de prueba de la ley extranjera cuenta con apoyos legales y jurisprudenciales, pero no está resuelta la cuestión de qué hacer cuando se trata no ya de aplicar el Derecho extranjero sino de usarlo como mero término de comparación. Se aboga en tal hipótesis por fortalecer la iniciativa del tribunal.
There is no doubt that the European legislator has wanted to rebalance the negotiating positions of the parties in some types of contracts in which there is a lack of information for one of them. This is the case of labour relations. A materially oriented rule has been passed in order to try to safeguard a minimum of protection, but it cannot be said that the rule of conflict of art. 8 of Rome I Regulation serves to guarantee in all cases the highest level of protection for the worker involved in a contract with elements of internationality.
There are elements of legislative technique (uncertainty in terms of results), some others of private international law (the weight traditionally assigned to the autonomy of will as a connection criterion, for example) and economic circumstances (the need to safeguard competition in a global market, labour peace) that justify it. Therefore, it is a question of facing the study of conflict discipline by structuring different real situations within the scope of the Regulation, without losing sight of the transcendence of the doctrine set by the CJEU in the few occasions in which it has been able to pronounce on the subject.
It was necessary to start from three pillars: 1. Art.8 of Rome I Regulation contains the basic regulations on conflicts, setting aside any national law. 2. In order to know what is understood by worker, we have a wide battery of sentences in which the CJEU decides on the rule of art.45 TFEU and based on art. 18 of Brussels I Regulation (current art. 20 of Brussels I bis Regulation); from the idea of subordination the national legislator is free to discipline the specific negotiating species. 3. The protection system is built by focusing on the reference provided by regulations of the workplace, generally speaking, and regardless of the existence of pactum de lege utenda.
According to the aforementioned, the possible typical situations are studied:
The simple hypothesis is the one in which there is only a habitual workplace, even when the worker is temporarily relocated to another one. The advantages of this connection are known, and are summarized by its simplicity and acknowledgement by all involved:
knowing the text of the contract is just enough. This category of a single place of execution includes the hypothesis of teleworking.
When workers carry out their activity from a certain place, the conclusions reached by the CJ regarding international jurisdiction are raised to regulation status. In order to come into force and have localizing relevance, it was clear that whatever is done in that place should have some entity in the whole of the provision, either planning and control or execution, without only addressing the quantitative criterion (the time spent on it):
Returning to a place, spending a lot of time there or using it as a starting point for employment is not relevant without any work activity. However, the CJ itself has expanded the criterion focus to the point of becoming marginal the subsidiary of the contracting company (judgements of March 15, 2011 and December 15, 2011). But also: a concept of lex loci executionis has been developed that ends up being blended with the law that has the closest links with the contract.
The cases of temporary mobility of workers require a reference from the conflictual perspective: The topic is the subject of another chapter of this work, but it is worth insisting on the idea that Directive 96/71 is not intended to replace the general rule of art.8 of Rome I Regulation, and that its inspiring idea is not the protection of the worker but the protection of the conditions of competition in the market. Consequently, the reference to the peremptory rules of art. 9 of Rome I Regulation is not enough to cover any protection deficits that the legislator has left voluntarily.
Both in the case of absence of a physical place subject to state sovereignty and in those of plurality of workplaces, the response of the European legislator has gone in the direction of simplicity, preferring the law of establishment by means of which the worker was assumed. The decision of the CJEU of December 15, 2011 interprets the concepts of establishment and conclusion used in art.8.3 of Rome I Regulation, and does so by literally speaking.
In any case, all these conclusions to apply the law in an objective way are temporary: the decision of the CJ of September 12, 2013, on the footprint of the one of October 6, 2009, makes it clear that the consideration and operation of the escape clause does not admit any exception. This rule is as obligatory as any other one. From this point on, it is up to the courts to outline groups of cases in which they typically must work, starting from the basic assumption of extreme isolation of locus executionis.
Apart from that, the insertion in the contract of a pact of choice of law does not make the previous reasoning unnecessary, as it is known: what protects over the objective standard is the only thing that is worth it. The big problem is knowing with certainty what should be compared. There are three possible levels (isolated dispositions, institutes, codes), and beyond uncritical assumptions the truth is that in the Spanish system there is no clear (jurisprudential) response to the problem, except for a couple of decisions that do not really go deeply into the problem. In any case, the advantages of a wide-range comparison deserve to be underlined and this should be the formula to be consolidated.
The question of the coordination of this model in two phases with the system of allegation and proof of foreign law is also open, insofar as, although it is true that the application of a protective minimum without conditions is imposed, the entrance in the process cannot be given to an order without giving the parties the opportunity to argue and discuss about it. In this scenario, the implementation of the law of the forum in cases of crisis of proof of the foreign law has legal and jurisprudential support, but there is no answer for the question of what to do when it is not about applying foreign law but about using it as a mere comparison term. This hypothesis is recommended because it strengthens the initiative of the court.
