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Patricia Espejo Megías
El objetivo de este trabajo es evidenciar cómo gran parte de las discriminaciones por razón de género que tienen lugar en el ámbito de las relaciones de trabajo traen causa, en buena medida, de las carencias que manifiesta el sistema vigente de conciliación trabajo/ocio/familia en los países periféricos de la Unión Europea. La pretensión es alertar de los puntos débiles del modelo español de conciliación-corresponsabilidad y esbozar determinadas propuestas que, de alguna forma, contribuyan a superar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, y sus consecuencias.
No extraña que, considerando que la competencia en materia de políticas familiares es exclusiva de cada Estado miembro de la Unión Europea, el debate sobre la necesidad de implantar una nueva estrategia de corresponsabilidad haya quedado circunscrito, por lo común, a la tradición social y política de cada país, habiéndose detectado disparidades manifiestas entre los derechos de los diferentes Estados de la Unión. Conviene entonces recordar que la equidad de género y la equidad social son dos elementos intrínsecamente ligados entre sí, y que, consecuentemente, no pueden darse el uno sin el otro; solo la plena efectividad de ambos garantizará la sostenibilidad social y económica.
Desde planteamientos netamente jurídicos, el modelo conciliatorio español es el resultado de un largo recorrido. Un trayecto, el que se ha seguido en nuestro país, con avances normativos significativos, que inicia su andadura a finales del siglo pasado, con la aprobación a la sazón de algunas leyes de trascendencia que quisieron dar respuesta y refrendar determinados planes de acción de naturaleza sectorial habidos en la materia. Con la aprobación de la Ley 39/1999, la primera norma española específica de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, España adquiere un nuevo compromiso orientado a impulsar la participación de las mujeres en el mundo laboral. No obstante lo anterior, la división sexual del trabajo, sustentada en una estructura que valoriza el trabajo remunerado y que no toma en consideración el doméstico y el de cuidados, obstaculiza, sin lugar a dudas, el avance real hacia la igualdad entre mujeres y hombres y hacia una economía eficiente y sostenible.
La Ley Orgánica de medidas para la protección integral para las víctimas de violencia de género, del año 2004, y la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con vigencia desde 2007 darán forma a un bloque normativo que quiere ser rotundo en el empoderamiento de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género, con un planteamiento transversal que supondrá desde una óptica «formal» un logro de cierta magnitud en la igualdad desde una perspectiva de género. Los datos oficiales muestran cómo son las mujeres quienes siguen asumiendo la mayoría de los trabajos de cuidado y del hogar; se echan en falta, por tanto, políticas eficaces que estimulen en los hombres una nueva conciencia de auténtica corresponsabilidad, que vaya más allá de su implicación en el reparto de las responsabilidades familiares y domésticas. No debe olvidarse que la corresponsabilidad debe tener una dimensión global; debe proyectarse sobre toda la sociedad.
Definir con precisión y articular mecanismos en esta dirección no resulta sencillo; que deban, sin embargo, adoptarse determinadas medidas acompañadas de recursos suficientes para fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares es una necesidad en una sociedad avanzada. Tales políticas pasan, en cualquier caso, por favorecer la corresponsabilidad en los términos antedichos, por proteger con rigor a las mujeres que son víctimas de la violencia económica, sexista, violencia, simbólica…, etc.–, sin olvidar que estamos ante un fenómeno grupal –se sufre por la pertenencia a un grupo– en el que se ve resentida la posición social de todas las mujeres, que son quienes lo integran. Es también urgente impulsar la puesta en marcha de un proyecto pedagógico y formativo global, que comience en los centros educativos de niñas y niños desde su más temprana edad, y que asigne personal docente especializado e instruido en la igualdad y en derecho antidiscriminatorio.
Se trata de una reforma «a lo grande», de dimensión global, que dé respuesta a un problema poliédrico que constituye un mal y un daño social. Se ha de insistir en que la violencia de género es una lacra con múltiples caras, que abarca la violencia sexual y sexista, pero que también es comprensiva de la violencia económica, fundamentada esta en buena medida en las carencias de un sistema que perpetúa estereotipos sexistas y que evidencia la asimetría de poder hombres-mujeres. Un modelo de corresponsabilidad erróneo acaba provocando más problemas de los que resuelve, y puede incitar a la violencia en sus distintas expresiones y formas. Un sistema de conciliación pensado exclusivamente para las mujeres acentúa, además, la brecha salarial entre mujeres y hombres, perpetúa el denominado «techo de cristal femenino», y converge hacia mecanismos de protección social deficientes.
El Derecho ha de ser una herramienta –no la única–, y no un obstáculo para ese necesario cambio social, debiendo reconsiderar la importancia de la «universalización» de las medidas de conciliación. España tiene que reorientar su mirada y acercarse a los países europeos más avanzados en este campo; debe repensar su modelo conciliatorio para dirigirlo hacia la efectiva corresponsabilidad, comprometiendo a todas las personas trabajadoras, de uno y otro sexo, no solo a las mujeres. España necesita poner en marcha un auténtico sistema de work-life balance que sea sólido, unívoco e igualitario, como han hecho ya nuestros vecinos del Norte. Tenemos que adaptar a los nuevos tiempos las medidas re-conciliatorias y salvar los obstáculos que impiden, o que dificultan al menos, que la igualdad por razón de género sea un derecho real y efectivo. Es hora, en fin, de que la sociedad en su conjunto dé cuerpo a una ciudadanía comprometida en ser «cuidadora-trabajadora igualitaria».
The aim of this paper is to show how a great deal of gender discrimination that takes place in the field of labour relations is largely due to some lacks within the current system of work-life balance in the surrounding countries of the European Union. The objective is to warn about weak points of the Spanish model of work-life balance and co-responsibility and outline certain proposals so that, in some way, contribute to overcoming the existing inequalities between women and men, and their consequences.
Due to the fact that each EU member state is responsible for family policies in an exclusive way, it is not surprising that the debate on the need to implement a new strategy of co-responsibility strategy has usually been limited to the social and political tradition of each country, with clear differences between the rights of the different States of the Union. It must be borne in mind, then, that gender equity and social equity are two elements intrinsically linked to each other and that, consequently, one cannot exist without the other; only full effectiveness of both will ensure social and economic sustainability.
From a mere legal point of view, the Spanish work-life balance model is the result of a long journey. The path that has been followed in our country, with significant improvements on regulations, began its journey at the end of last century, with the approval of important laws at that time that wanted to respond and approve certain action plans of sectorial nature on that matter. With the approval of Law 39/1999, the first Spanish specific legislation to promote work-life balance, Spain acquired a new commitment aimed at promoting the participation of women in the labour market. Nevertheless, the sexual division of labour, based on a structure that values paid work and does not take into account domestic and care work, undoubtedly hampers the real progress towards equality between women and men and towards an efficient and sustainable economy.
The 2004 Organic Law on Comprehensive Protection for Victims of Gender-Based Violence and the Organic Law on Effective Equality between Women and Men, which has been in force since 2007, will shape a legislative block that aims to be decisive in the empowerment of women and in the fight against gender-based violence, with a cross-cutting approach that will, from a «formal» perspective, mean a significant achievement in gender equality. Official data show that women are the ones who continue to take on the majority of care work and domestic work; therefore, effective policies are needed to make men aware of genuine co-responsibility that goes beyond their involvement in sharing family and domestic responsibilities. It should not be forgotten that co-responsibility must have a global dimension and must be spread throughout the whole society.
Accurately defining and drawing up mechanisms in this direction is not easy; However, an advanced society needs to take certain measures with sufficient resources to promote the balanced acceptance of domestic responsibilities. These policies must, in any case, favour co-responsibility in the above-mentioned terms in order to strictly protect female victims of gender-based violence in their various aspects - economic violence, sexist violence, sexual violence, symbolic violence, etc.; we have to bear in mind that we are facing a group phenomenon - one suffers for being part of a group - in which the social position of all women, who belong to that group, is also affected. It is also urgent to promote the implementation of a global educational and training project that starts in schools for girls and boys from an early age, and that staff specialized and trained teachers in equality and anti-discrimination law.
This is a «big» reform, of global dimension, that responds to a polyhedral problem that represents harm and social damage. It should be emphasized that gender violence is a multi-faceted blot, comprising sexual and gender-based violence, but also economic violence, based largely on some lacks in a system that perpetuates sexist stereotypes and shows evidence of the asymmetry of power between men and women. A model of wrong co-responsibility ends up causing more problems than solutions, and can lead to violence in its different expressions and forms. A system of work-life balance designed exclusively for women also stresses the gender pay gap between women and men, perpetuates the so-called «female glass roof», and meets weak mechanisms of social protection.
Law must be a tool, but not the only one, and not an obstacle to this necessary social change, and must reconsider the importance of the «globalisation» of work-life balance measures. Spain has to shift its gaze to the most advanced European countries in this field; it must redesign its work-life balance model to direct it towards effective co-responsibility, committing workers of both sexes, not just women. Spain needs to implement an authentic system of work-life balance that is solid, univocal and egalitarian, as our neighbours in the North have already done. We have to adapt the work-life balance measures to new times and overcome the obstacles that prevent, or at least make it difficult, gender equality from being a real and effective right. It is high time society, as a whole, gave shape to a citizenship committed to being an «equal working-caretaking» society.
