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Cordoba, España
Tras varias décadas de movilizaciones y de medidas públicas nacionales e internacionales adoptadas a nivel internacional, la violencia ejercida contra las mujeres sigue siendo un problema generalizado que afecta a todos los Estados. Entendida como una violación grave de los derechos humanos, que viola y menoscaba o impide su disfrute, impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, e incluye múltiples consecuencias, no sólo a nivel personal (sexual, psicológico), sino también a nivel social, en la medida en que afecta de forma negativa al bienestar de las mujeres y les impide su plena participación en la sociedad.
El ámbito de la Unión Europea, los datos indican que el 43% de las mujeres de los 28 Estados miembros de la UE han sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida. También en España, el número de víctimas de violencia de género sigue incrementándose año a año; de hecho, en 2015 se ha producido un aumento del 2% respecto al año anterior, situándose la tasa en 1’4 por cada 1000 mujeres de más de 14 años. Resulta realmente preocupante el aumento de los porcentajes en mujeres de más de 50 años (un 17,6 % más que en 2014).
La erradicación de la violencia de género en nuestro país viene siendo uno de los logros a alcanzar desde hace décadas, básicamente desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004.
Dicha Ley procura a las víctimas de violencia de género una atención especializada integral, que conforma a través de la concreción de medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención e diferentes ámbitos. No obstante, el aumento paulatino en el número de víctimas mortales por violencia de género ha supuesto la aprobación de una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016), aprobada por el Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013, como instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
Dado que la dependencia económica en uno de los aspectos que más inciden en la perpetuación de este tipo de violencia, el interés de nuestro estudio se centra en analizar cuáles son las políticas públicas que se están realizando por parte de los poderes públicos para incentivar la incorporación de las mujeres que sufren este tipo de violencia al mercado laboral.
La erradicación de esta lacra social es un compromiso asumido ampliamente por las instituciones internacionales, estatales y autonómicas y deben analizarse las medidas que en el ámbito del empleo se están realizando actualmente para mejorarla. Las políticas públicas encaminadas a dotar a estas personas de un empleo, mejorando su formación y su formación, deben ser una de prioridad de nuestros Gobiernos, central y autonómico.
Tomando como punto de partida la lucha de la Unión Europea contra la violencia de género, se realiza un análisis de las políticas públicas de apoyo a la inserción laboral de las personas que sufren este tipo de violencia. Para ello se define el concepto de violencia de género desde un punto de vista legal, extraído de las normas estatales y autonómicas que regulan esta materia y se concretan los criterios para su acreditación a efectos de acceder a las políticas públicas para el fomento del empleo, diseñadas tanto a nivel estatal como por las Comunidades Autónomas.
Del análisis efectuado se desprende que, como regla general, la actual política de empleo estatal adolece de imperfecciones que afectan a todos los colectivos con especiales dificultades en el acceso al mercado laboral, y no solo a las mujeres que sufren violencia de género. Bien es verdad que, en algunos casos, el legislador está siendo más proclive a regular medidas eficaces para la inserción laboral, como es el caso de los jóvenes o los discapacitados, pero en general, la actual política de empleo, debe ser revisada, máxime a la luz de las últimas reformas y de la introducción de la Estrategia de Activación para el Empleo, como nuevo instrumento de coordinación de las mismas, que hasta el momento, no está ofreciendo respuestas a los problemas aplicativos que se planteaban con la Estrategia de Empleo.
Resulta necesario un cambio radical en las políticas públicas de empleo, que tenga en cuenta los objetivos y los compromisos adoptados a nivel nacional e internacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Una opción acertada sería aprovechar los Planes anuales de recuperación económica para reforzar los derechos de las mujeres, en general, y de las que sufren violencia de género, en particular, e incluir la dimensión de la igualdad entre sexos en todas las facetas del marco financiero plurianual 2014-2020.
Las Administraciones Públicas tienen un papel trascendental en la lucha contra la violencia de género. La legislación internacional obliga a los poderes públicos nacionales a adoptar acciones tendentes a eliminar la violencia contra las mujeres, reforzando la prevención contra posibles agresiones y ampliando la protección que debe prestarse a las víctimas actuales y futuras.
Debe producirse un cambio en el concepto de «violencia de género» que dé cabida a más realidades, a la par que se modifican normas legales, como el artículo 30 LE, para hacer más visible a este colectivo en el marco de los programas específicos de empleo. Asimismo, debe reflexionarse sobre la necesidad de realizar una adaptación de las medidas dirigidas a la inserción laboral de estas mujeres a las especiales características de las mismas (edad, nacionalidad, nivel de cualificación o estudios, etnia, etc.).
El empleo se configura como un elemento clave a la hora de permitir a la mujer obtener la independencia económica y personal que le permita salir de la situación en la que se encuentra, rompiendo así el vínculo que le une con su agresor.
Se hace necesario introducir nuevos mecanismos que permitan una mejor conexión entre las políticas activas de empleo y las políticas pasivas, que aumenten la participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en el diseño de programas de inserción laboral dirigidos a colectivos con especiales dificultades y no sólo en la aplicación o ejecución de las diseñadas a nivel estatal. Acercar las políticas de empleo a los territorios en donde se encuentran las personas a los que van dirigidas pueden ser una opción que permita mejores resultados aplicativos, toda vez que la garantía de éxito de dichos programas dependerán de que sea posible detectar las necesidades de los desempleados y poner remedio a las carencias que les impiden acceder al mercado laboral.
After decades of national and international mobilization and public action at the international level, violence against women remains a widespread problem affecting all States. Understood as a serious violation of human rights, which violates and impedes or impedes its enjoyment, it prevents the achievement of the objectives of equality, development and peace, and includes multiple consequences, not only on a personal (sexual, psychological) level, but also At the social level, insofar as it negatively affects women’s well-being and prevents them from fully participating in society.
In the European Union, data indicate that 43% of women in the 28 EU Member States have suffered some form of psychological violence from a sentimental partner throughout their lives. Also in Spain, the number of victims of gender violence continues to increase year by year; In fact, in 2015 there has been an increase of 2% compared to the previous year, with the rate at 1’4 per 1000 women over 14 years. The increase in the percentage of women over 50 years of age (17.6% more than in 2014) is a matter of serious concern.
The eradication of gender violence in our country has been one of the achievements to be achieved for decades, basically since the adoption of Organic Law 1/2004. This law provides victims of gender violence with comprehensive specialized care, which consists of the realization of measures of awareness, prevention and detection and intervention and different areas. However, the gradual increase in the number of victims of genderbased violence has led to the adoption of a National Strategy for the Eradication of Violence against Women (2013-2016), approved by the Council of Ministers on 26 July 2013, as a key instrument for the action of public authorities to end violence perpetrated by women for being so.
Given that economic dependence in one of the aspects that most affect the perpetuation of this type of violence, the interest of our study focuses on analyzing what public policies are being carried out by public authorities to encourage the incorporation Of women who suffer this type of violence to the labor market.
The eradication of this social scourge is a commitment widely assumed by international, state and regional institutions and the measures that are currently being implemented in the field of employment to improve it should be analyzed. Public policies aimed at providing these people with a job, improving their training and training, should be a priority of our governments, central and autonomous.
Taking as a starting point the fight of the European Union against gender violence, an analysis of the public policies of support to the labor insertion of the people who suffer this type of violence is realized. To this end, the concept of gender violence is defined from a legal point of view, extracted from the state and regional regulations that regulate this matter and the criteria for accreditation are specified, in order to access public policies for the promotion of employment, Designed both at the state level and by the Autonomous Communities.
The analysis shows that, as a general rule, the current state employment policy suffers from imperfections that affect all groups with special difficulties in accessing the labor market, and not only women who suffer gender violence. It is true that, in some cases, the legislator is more likely to regulate effective measures for labor insertion, as is the case of young people or the disabled, but in general, the current employment policy should be revised, especially In the light of the latest reforms and the introduction of the Activation Strategy for Employment, as a new instrument for the coordination of employment, which has so far not been providing answers to the application problems posed by the Employment Strategy.
There is a need for a radical change in public employment policies, taking into account the objectives and the commitments made at national and international level in the field of equality between men and women. A successful option would be to take advantage of the annual Economic Recovery Plans to strengthen the rights of women in general and those who suffer gender-based violence in particular and include the gender dimension in all facets of the financial framework Multiannual (2014-2020) Public Administrations play a key role in the fight against gender violence. International law obliges national public authorities to take action to eliminate violence against women.
