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Pedro Sánchez Pérez
La supresión parcial de la reclamación administrativa previa y su sustitución por el requisito de agotamiento de la vía administrativa previa que ha llevado a cabo la Ley 39/2015 ha supuesto una modificación trascendental de los requisitos procesales a cumplir para demandar a una Administración pública en la vía jurisdiccional social, lo que sin duda plantea innumerables problemas interpretativos. En este estudio trataremos de resolver algunos de estos problemas, centrándonos en un análisis de los supuestos más comunes en los que se deberá entender agotada la vía administrativa y, consecuentemente, quedando expedita la vía judicial, en un régimen jurídico acorde al respeto al principio de celeridad del procedimiento laboral. Pero con independencia de las ventajas que generalmente reporte este nuevo régimen, existen ciertos supuestos concretos en los que la exigencia legal puede desembocar en una dilatación del procedimiento inconstitucional por oponerse a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
The partial removal of the prior administrative complaint and its substitution by the need to end the administrative proceeding effected by Law 39/2015 has lead an important modification of the procedural requirements to sue a Public Administration in Labour Courts. In this work we will try to solve some interpretive problems, focusing in the most common ways to end the prior administrative proceeding, being respectful of the principle of urgency inherent to labour proceeding. Regardless of the advantages of this new regime, there are some concrete matters where the legal requirement could become unconstitutional as a consequence of an excessive delay of the trial, confronting art. 24.1 CE.
