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Mª Belén López Donaire
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se orienta hacia un nuevo modelo de contratación que toma en consideración el Compliance penal. En línea con las medidas para luchar contra la corrupción y prevenir los conflictos de intereses, el legislador apuesta por una nueva regulación de las prohibiciones de contratar más restrictiva. No obstante, y aquí la novedad, permite a los operadores económicos que estuvieran incursos en alguna prohibición de contratar con la Administración quedar exonerados de la misma.
