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Andrea Garrido Juncal 
Los cambios acometidos en la normativa autonómica aplicable a los servicios sociales y la tramitación de una nueva Ley de contratos del sector público han provocado que los debates que se entablan en torno a este servicio público se hayan ampliado. A la controversia que existe todavía sobre los efectos de la catalogación de las prestaciones de servicios sociales como derecho subjetivo, hay que añadir ahora las discusiones que suscita, por ejemplo, el régimen jurídico al que debe ajustarse la celebración de los conciertos sociales. La incorporación de cláusulas de arraigo territorial con el objetivo loable de atender a las necesidades de las personas desde la proximidad suscita no pocas dudas desde el punto de vista de la libre competencia.
