La LO 7/2012, de 27 de diciembre (LA LEY 22075/2012), incluía a los partidos políticos dentro del ámbito subjetivo de aplicación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, a pesar de que la citada ley entró en vigor el 17 de enero de 2013, la primera imputación de un partido político en nuestro país (en virtud de tal sistema) no se producía hasta el 26 de julio de 2016. Siendo confirmada ésta un año después por la Audiencia Provincial de Madrid.