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La prevención del riesgo de exclusión social se ha convertido en una cuestión fundamental en la Unión Europea (UE) debido a los recortes sociales que ha impuesto la explosión de la deuda de los Estados miembros. Esta cuestión se sitúa en la encrucijada entre las políticas de empleo y de formación y las reformas orientadas a adaptar los sistemas de protección social a la nueva realidad del contexto socioeconómico (envejecimiento de la población, inestabilidad familiar, desempleo masivo, precariedad del empleo, pobreza en el trabajo y desigualdades sociales persistentes y crecientes). En el presente artículo se pretende mostrar que la promoción de la protección social dentro de un enfoque de inversión social representa un modo excelente de conciliar los objetivos de igualdad de oportunidades a lo largo del ciclo de vida, de rendimiento económico sostenible (mejora de la competitividad estructural) y de aumento de la cohesión social en favor del bienestar colectivo. En el presente artículo se atribuye especial atención a la necesidad de promover el derecho universal e individual a la movilidad y a la formación durante toda la vida. Estos derechos constituirían nuevas garantías sociales, que compensarían las exigencias relacionadas con la flexibilidad del mercado de trabajo. Se destaca también la importancia de incorporar estos derechos en toda la UE con un nivel mínimo de protección social ampliado. De este modo, se podría proporcionar una protección permanente contra el riesgo de exclusión en la UE, favorecer la integración económica y social que se pretende lograr mediante la Estrategia de Lisboa revisada (2003-2005) y aumentar la confianza y la esperanza de los ciudadanos europeos.
