Acceso usuarios
Peter Lloyd-Sherlock, Nadia Minicuci, John Beard, Somnath Chatterji
Este artículo evalúa con qué eficiencia las pensiones y el seguro de enfermedad previenen los problemas de salud de las personas mayores en los países en desarrollo. Hasta hace poco los programas de protección social no prestaban la atención suficiente a la prevención de los riesgos de enfermedad y, en su lugar, se centraban en la reducción de la pobreza a través de transferencias monetarias. El artículo señala que existen pocas pruebas fiables de que el pago de pensiones a las personas mayores mejore su salud y que los responsables de políticas no deberían dar por sentados estos efectos. Más adelante aborda el efecto que ejerce la cobertura de los regímenes de seguro de enfermedad en la situación sanitaria de las personas mayores, con particular referencia a la hipertensión. A partir de datos de la Organización Mundial de la Salud recientemente disponibles sobre Ghana, México y Sudáfrica se desprende que las personas mayores con un seguro de enfermedad tienen probabilidades ligeramente superiores de estar al tanto de afecciones como la hipertensión y son más propensos a su tratamiento. No obstante, aseguradas o no, la gran mayoría de las personas mayores con hipertensión no se somete a un tratamiento eficaz. Las observaciones muestran que los principales obstáculos para el tratamiento tienen que ver con la conciencia que las personas puedan tener de su propio estado de salud junto con la accesibilidad al suministro de servicios y no tanto con cuestiones financieras. Por consiguiente, la capacidad de las pensiones o del seguro de enfermedad de mejorar la situación sanitaria de las personas mayores en dichos países, en particular en las zonas rurales, depende en gran parte de la educación sanitaria, de los exámenes médicos y de la prestación adecuada de servicios de salud. Estas medidas deben considerarse parte integrante —y no complementaria— de las estrategias corrientes de protección social. Sin embargo, en la práctica, la protección social y la promoción de la salud siguen tratándose como esferas casi totalmente separadas. Esto genera importantes barreras institucionales para el proyecto de medidas mixtas.
