La forma en que los inversores institucionales afrontan las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ASG) en sus prácticas de inversión ha experimentado un gran cambio. Para los inversores públicos y privados, estas cuestiones se han convertido en parte de las prácticas corrientes de inversión que reflejan un mejor entendimiento de los importantes riesgos y oportunidades que representan y que deben ser examinados como parte de sus obligaciones fiduciarias. Algunos criterios ASG requieren un enfoque que va mucho más allá de las orientaciones tradicionales de simple selección que utilizaban los antiguos fondos especializados. Para ilustrarlo, hemos procedido a realizar un análisis detallado de las prácticas de los inversores en materia de cambio climático, que deben incluir una evaluación de riesgos y oportunidades a largo plazo, y de las estrategias que se han acometido para afrontarlos. También argumentamos que, dado que el papel de la política y la regulación es fundamental para modificar los intereses económicos a favor de inversiones encaminadas a reducir las emisiones de carbono, es fundamental entablar un diálogo estructurado entre los inversores y los responsables de la toma de decisiones para garantizar que se movilice el capital institucional necesario para apoyar los objetivos políticos encaminados a limitar el cambio climático, al mismo tiempo que se establece un marco en el que los inversores puedan realizar sus actividades de conformidad con su responsabilidad fiduciaria.