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Igor Guardiancich
La presión competitiva resultante de la integración económica europea arremete cada vez más contra la soberanía territorial de los Estados de bienestar nacionales. Así, surge la necesidad de ubicar a los regímenes nacionales de seguridad social dentro de los espacios nacionales y supranacionales, económicos y sociales de la Unión Europea. A escala transnacional, la Directiva del Consejo de la Unión Europea de 2003 sobre los fondos de pensiones de empleo (FPE) creó la ilusión de que pronto tendríamos a nuestro alcance un mercado único de pensiones de empleo. Sin embargo, esto no ocurrió debido a que los FPE (que son tanto instrumentos financieros como instituciones de seguro social) encarnan la asimetría constitucional entre políticas de promoción de la eficiencia del mercado y políticas de promoción de la protección social. Si bien la supresión de los obstáculos financieros y fiscales se ha obtenido sin problemas, no se ha producido una armonización de los componentes sociales y laborales en el ámbito de las pensiones de empleo y así se ha desacelerado la progresión de los planes de pensiones paneuropeos. No obstante, el camino hacia un mercado único de pensiones de empleo aún queda abierto, como lo demuestran los primeros resultados positivos del creciente protagonismo empresarial y supranacional.
