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La crisis financiera global ha tenido un efecto devastador en los niveles de pobreza de los países en desarrollo, y la respuesta de la protección social hasta la fecha, en forma de asistencia social, ha sido limitada y se ha visto constreñida por la debilidad de los sistemas y la baja cobertura de las prestaciones preexistentes. Debido a la reducción de los ingresos, a los países en desarrollo les resulta muy difícil respetar sus compromisos políticos en materia de protección social anteriores a la crisis, apenas existiendo potencial, en este contexto, para extender la cobertura y asistir a quienes se han empobrecido aún más y a los «nuevos pobres». A pesar de que muchos países en desarrollo han adoptado soluciones de expansionismo fiscal, las respuestas políticas a la crisis se han centrado en proteger y estimular el crecimiento. Las soluciones adoptadas no han dado prioridad a la provisión de protección social para ayudar directamente a los pobres. En aquellos casos en los que se han producido intervenciones de protección social, en general, se ha tratado de intervenciones exclusivamente ad hoc y, frecuentemente, han sido intervenciones regresivas — como los subsidios generalizados para alimentos o carburantes — en vez de tratarse de intervenciones más sistémicas y favorables a los pobres. No obstante, existe un cierto margen para el optimismo, puesto que la crisis ha estimulado una serie de iniciativas encaminadas a promover la coordinación de donantes y la compatibilidad de la programación, lo cual puede traducirse en una mejora de la eficacia y el impacto de los futuros programas de protección social.
