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La ley peruana ha reconocido expresamente competencias normativas a las entidades del Poder Ejecutivo, por lo que, en ejercicio de facultad reglamentaria, diversos actores públicos presentan un papel preponderante en la creación de las fuentes del ordenamiento jurídico en materia de contratación estatal. Sin embargo, el hecho de que las competencias se encuentren delimitadas positivamente no evita la aparición de distorsiones en el sistema de fuentes, ya sea porque las entidades públicas exceden sus facultades o porque equivocadamente se reconocen como normas a instrumentos emitidos por estas que no califican como tales. Bajo este contexto, el presente artículo tiene como propósito identificar a aquellas entidades que hacen ejercicio de potestad reglamentaria, así como los instrumentos normativos que crean y su relación con el resto de fuentes jurídicas que regulan la contratación estatal, para finalmente analizar, en los hechos, las distorsiones antes referidas
Peruvian law has explicitly recognized regulatory powers to administrative agencies, which allows them to have a preponderant role in the production of rules in public procurement. Although these delegations of legislative authority are positively defined, distortions in the system of legal sources arise when agencies exceed delegated powers or when measures issued by administrative entities are mistaken for regulations. This paper aims to identify regulatory powers of Peruvian administrative agencies, as well as the regulatory measures they issue, and their relation with other sources of law
