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Ivana Doporto Miguez, María Victoria Lottici
El sector de los biocombustibles de la Argentina, específicamente el del biodiesel, resulta ser uno de los más afectados por la intensificación del uso de medidas comerciales con un evidente carácter proteccionista por parte de la Unión Europea. Los derechos antidumping impuestos por la UE contra el biodiesel argentino en 2013 trajeron como consecuencia la pérdida de casi el 90% de las exportaciones argentinas de biodiesel, por un valor que alcanzó los US$ 1.847 millones en 2011. No obstante ello, las medidas llevadas adelante por la Comisión Europea no están destinadas exclusivamente contra el biodiesel argentino sino que responden a una estrategia general de protección de la industria de biocombustibles europea de la competencia de terceros países, tanto desarrollados como en desarrollo.
Por su parte, los estándares ambientales –algunos establecidos y otros en discusión– de las Directivas comunitarias sobre energías renovables y sobre la calidad de los combustibles, se constituyen, en la práctica, en barreras no arancelarias, al incrementar los costos de las exportaciones argentinas con destino a ese mercado. A los valores por defecto para el biodiesel de soja establecidos en la normativa europea se suman la cuestionada medición de las emisiones derivadas del cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) y los límites al consumo de biodiesel de primera generación –que utiliza materias primas derivadas de los alimentos para su elaboración. El riesgo subyacente de la aplicación de estos estándares ambientales –que aparentan perseguir un objetivo ambiental legítimo– es que se erijan en barreras encubiertas al comercio con un neto corte proteccionista, ya que estas medidas buscan restringir severamente el comercio y alterar la relación competitiva entre productos sustitutos, a la vez que tienen débiles vínculos con el objetivo ambiental declarado.
