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Tania García Sedano
La legalidad procesal española respecto a los mecanismos de investigación, persecución y protección de las víctimas es manifiestamente mejorable. La principal dificultad se halla en la deficiente regulación derivada de una ley ritual de 1881 que, si bien ha sido reformada, no lo ha hecho desde la perspectiva de protección de las víctimas y persecución de un delito vinculado con el crimen organizado. Las víctimas de la trata son reacias a prestar declaración por miedo a represalias por parte de los traficantes, por trauma, por sentimiento de vergüenza, por temor al rechazo de la familia y de la sociedad al regresar a su país de origen, por falta de confianza y de autoestima, y por la falta de información acerca de la protección y asistencia disponibles. La carga que recae sobre las víctimas resulta excesiva y se hace imprescindible un cambio en la perspectiva de la forma de abordar la persecución de este delito, desvinculando el éxito de la investigación criminal y el enjuiciamiento del delito de trata con la denuncia y/o declaración de la víctima.
