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El 10 de octubre de 2009 fue sancionada la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual con un amplio apoyo en el Congreso nacional. El hecho implicó un cambio radical en la política comunicacional argentina, pues el texto se inspiró en las teorías que conciben la comunicación como derecho humano. Entre otros aspectos, establece límites a la multiplicidad y propiedad cruzada de licencias así como a su transferibilidad. La adecuación del holding de medios más importante del país, el Grupo Clarín, a esas disposiciones lo obligaba desprenderse de las licencias que excedieran el máximo permitido en un plazo no mayor a un año. Por esa razón, acudió a la Justicia e inició un arduo proceso de judicialización de la Ley. Este involucró a los tres poderes del Estado y se desenvolvió simultáneamente en dos niveles. Por una parte, obtuvo una medida cautelar que lo eximió de iniciar la adecuación a la Ley; esta desembocó en el tramo más álgido del proceso, denominado “7D” en alusión al 7 de diciembre de 2012, fecha señalada por la Corte Suprema de Justicia como límite para la vigencia de la cautelar. Por otro lado, llevó adelante una demanda en la cual reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 (segundo párrafo) y 161 de la norma. Aunque la judicialización no se agota allí, pues ha cobrado renovadas formas que extendieron su duración hasta la actualidad, en este artículo se examinan los distintos aspectos de ambos frentes de la batalla judicial. Se reseñan las características centrales del proceso, se periodizan los hechos más relevantes y se detallan los fallos de las distintas instancias hasta la sentencia de la Corte Suprema, que cerró el debate por la constitucionalidad de la Ley —aunque no el de las medidas cautelares— en octubre de 2013.
