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El establecimiento de una categoría especial relativa a derechos colectivos y la consagración dentro de éstos del derecho a un ambiente sano, le confirieron a la Carta de 1991 un fuerte sentido y carácter ecológico que se ha venido materializando no sólo a través de aspectos orgánicos, como la creación del Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, sino además mediante la aplicación de criterios de planificación que permitieron estructurar el Sistema Nacional Ambiental y la regulación de mecanismos de protección y control, generales unos y particulares otros, que obligan especialmente al sector empresarial y estatal del país a tener en cuenta el impacto ambiental de los proyectos.
