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La Constitución de la República en su artículo 393 establece: "El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno". Entendiendo que la seguridad ciudadana está en construcción, el presente artículo refleja el resultado de investigaciones que se realizan en la carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana del Ecuador con la finalidad de contribuir a la concientización no sólo de los derechos y garantías constitucionales, sino de las obligaciones, fundamentalmente aquellas que promuevan el buen vivir con los demás. En ese sentido, se realiza un análisis de la contribución de las transformaciones de la justicia en Ecuador a la seguridad ciudadana relacionadas con las garantías de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
The article 393 of the Republic's Constitution establishes: "The State shall guarantee human security through policies and integrated actions to ensure the peaceful coexistence of the people, to promote a culture of peace and to prevent the forms of violence and discrimination, and the commission of offenses and crimes. The planning and implementation of these policies will be in charge of the specialized bodies in the different levels of government". Considering that the citizen security is in construction, this paper reflects the outcome of investigations that are carried out in the Faculty of Law in the Universidad Metropolitana del Ecuador (Metropolitan University of Ecuador) with the aim to contribute to the awareness, not only of constitutional rights and guarantees, but obligations, mainly those that promote a good life with others. Thus, an analysis is made of the contribution of justice's transformations in Ecuador to citizen security related to guarantees of access to justice and effective judicial protection.
