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María Sánchez Esteban
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (2013), más conocida como "Ley Montoro", endureció los requisitos para que los Ayuntamientos pudieran recuperar la gestión directa de un servicio. Cuando un servicio se externaliza y privatiza, se presupone eficiencia y sostenibilidad económica per se. En cambio, cuando se demuestra que esa privatización no ha funcionado y algún municipio se plantea su remunicipalización y su recuperación para ofrecer mejor servicio público, resulta imprescindible acreditarlas exhaustivamente. Todo esto, unido al techo de gasto impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria o las tasas de reposición de personal que marcan los Presupuestos Generales del Estado, hace muy difícil que las corporaciones locales puedan plantearse recuperar la gestión de servicios básicos
