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Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en 2011, las leyes que afectan a los municipios abogan por el "equilibrio económico", pero en realidad lo que se persigue es la privatización de los servicios públicos. En virtud de las leyes 4/2012 y 8/2013, el Ministerio de Hacienda pasó a tener el control, o al menos la tutela económica de los Ayuntamientos, obligándolos a incorporar ajustes que suponían un incremento de impuestos y una reducción de plantillas, limitando la tasa de reposición de personal y limitando el gasto corriente, lo que conlleva licitaciones de servicios con menor coste. La consecuencia ha sido que la prestación de los servicios públicos se ha deteriorado significativamente, cuando los ciudadanos estaban pagando más tasas e impuestos. Ante esta situación, el rescate de los servicios públicos se plantea con intensidad a partir de junio de 2015, cuando se materializan gobiernos de cambio liderados por el PSOE o por otras fuerzas de izquierda
