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La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el denominado «Caso De Diego Porras» pone de relieve la precaria situación del personal interino de las Administraciones Públicas. Sin embargo, dicha sentencia se pronuncia sobre la discriminación existente a efectos indemnizatorios entre un trabajador temporal y uno fijo, ambos sujetos a la legislación laboral, y carece de efectos prácticos respecto de los funcionarios interinos, que se rigen por su régimen jurídico específico.
