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Entre los años 2012 y 2013 se puso en marcha un mecanismo extraordinario y coyuntural de financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades locales, conocido como Plan de Pago a Proveedores, articulado en tres fases y cuyo objetivo último era reducir la morosidad de las estas Administraciones y facilitar al mismo tiempo liquidez a las empresas acreedoras de las mismas. En el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio se impuso a los proveedores de las Administraciones autonómicas y locales que se acogieron a este mecanismo de pronto pago (al igual que en los Reales Decretos-leyes precedentes) la condición de renunciar a las obligaciones accesorias a la principal (intereses de demora, costas judiciales y demás gastos) para cobrar el principal de la deuda vencida, líquida y exigible de manera inmediata. La cuestión controvertida que se suscitó desde el comienzo es si esta renuncia exigida por la norma puede ser conside- rada una práctica o cláusula contractual abusiva conforme a la Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su reciente Sentencia de 16 de febrero de 2017, C-555/14, se ha pronunciado sobre esta cuestión, que ya había sido objeto de algunos pronunciamientos judiciales contradictorios en nuestro país, declarando esta norma interna compatible con el Derecho europeo, siempre que dicha renuncia haya tenido lugar en un momento posterior a la celebración del contrato y haya sido voluntaria y libremente consentida por el acreedor
Between 2012 and 2013, an extraordinary and short-terrn financing mechanism for the Autonomous Communities and Local Entities, known as the Payment Plan for Suppliers, was set up in three phases and its ultimate objective was to reduce the late payment of these Administrations. Spanish Law (Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio) imposed on the creditors of the Autonomous and Local Administrations the condition of renoun- cing the accessory obligations (interest for late payment and compensation for recovery costs) to collect the amount due within a reasonable time. The controversial issue is whether this waiver required by the law can be considered an unfair contractual term and practice under Directive 2011/7/UE on combating late payment in cornrnercial transactions. The Court of Justice of the European Union in its recent Judgment of February 16, 2017 has ruled the Directive 2011/7/UE must be interpreted as not precluding national legislation, which allows a creditor to waive his right to interest for late payment and compensation for recovery costs in exchange for immediate payment of the principal amount of debts owed, on condition that such a waiver is freely agreed
