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Amplios sectores de la doctrina científica y de la política abanderan una pugna contra el actual sistema de investigación criminal que pivota en la figura de un juez instructor; propugnando la sustitución de éste por un esquema que, siguiendo el ejemplo de buena parte del derecho comparado de corte continental europeo, basado en la asunción por un fiscal de las competencias instructoras, aunque bajo la supervisión de un juez o tribunal de garantías. Sin embargo, los mismos vicios y defectos que pudieran imputarse a la figura del juez instructor, especialmente relacionados con un concepto amplio de imparcialidad y de respeto del principio acusatorio, podrían verse implementados en ese nuevo esquema en el que la responsabilidad de instruir causas penales se encomienda en quien habrá de asumir en su momento la posición de parte acusadora oficial.
