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Francisco Javier Amorós Dorda
A tres años de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la respuesta suscitada en la ciudadanía ha sido anormalmente baja tanto en lo referente a la norma como al uso de los instrumentos que ésta ha puesto a disposición de los españoles para conocer el funcionamiento de sus instituciones y ejercer la rendición de cuentas.
Se han aventurado distintas explicaciones, todas ellas parcialmente ciertas. No obs- tante, a juicio del autor, la causa principal es el desconocimiento de las utilidades prácticas de la transparencia para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Estas utilidades pueden referirse tanto a la realización de estudios o investigaciones científicas, a la consecución o protección de los intereses profesionales o laborales de los solicitantes o al ejercicio de sus derechos medioambientales o como consumidores.
La difusión a nivel general de estas utilidades particulares de la transparencia puede ser, por sí sola, un elemento decisivo para la consolidación de la Ley y el advenimiento definitivo de la transparencia entre nuestros responsables y organismos públicos.
