Acceso usuarios
Gabriela Recalde Castañeda
Resumen En Colombia cerca del 97% y el 87% de la población accede a servicios de agua potable y saneamiento (SAPS), respectivamente. No obstante, el país tiene el reto de atacar la inequidad en la provisión de estos servicios públicos, la cual afecta particularmente a la población con un nivel de ingreso muy bajo y localizada en zonas rurales y periurbanas caracterizadas por su escaso desarrollo. Entre los factores que permiten la persistencia de esta brecha, se encuentran la falta de estrategias de gestión y ejecución de los municipios para garantizar procesos urbanísticos organizados e incluyentes. En este artículo pretendo mostrar que el uso adecuado de las órdenes complejas por parte de jueces locales en casos estructurales que involucran la provisión de SAPS, puede ser una herramienta de desbloqueo institucional que permita atacar las inequidades que afectan a las poblaciones socioeconómicamente vulnerables y por ende, garantizar el goce efectivo de los derechos al agua potable y el saneamiento básico
Abstract In Colombia about 97% and 87% of the population has access to drinking water and sanitation services, respectively. However, the country stands the challenge of meeting inequality in the provision of these public services, particularly to the underdeveloped-low-income population located in rural and peri-urban areas. There are several factors preventing the implementation of strategies to warrant the access to public services; one of them is the lack of organized and inclusive programs developed within the municipalities. From a study of legal doctrine, I intend to argue that local judges can make use of complex legal orders in judicial cases related to public services to deal with the historical inequities and ensure the rights to access to drinking water and basic sanitation.
