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Lograr que los municipios cubanos cuenten con determinada autonomía financiera para su propio desarrollo y vincular de manera activa a los ciudadanos en el manejo del presupuesto municipal son necesidades latentes que comprometen la efectividad del nuevo modelo económico que el país se ha proyectado. La Ley 113 del 2012 dipuso aplicar la contribución territorial para el desarrollo local, a los efectos de la norma, los municipios cubanos acceden a un presupuesto para poder sustentar la política de desarrollo local; pero contradictoriamente no han aparecido los mecanismos para involucrar a todos los ciudadanos en la aprobación, ejecución y control de este presupuesto y del resto de los recursos públicos. En este sentido, el presente trabajo propone un procedimiento para darles participación a los diferentes actores de la sociedad cubana en el diseño, aprobación, ejecución y control de los fondos públicos municipales. Teóricamente la propuesta se fundamenta en la metodología del Presupuesto Participativo de Porto Alegre, aunque su implementación práctica se ajusta a la realidad cubana.
