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Gabriel Siles Brügge
La salida del mercado único parece satisfacer tanto a los británicos que temen la inmigración como a los que defienden la idea de un Reino Unido global que firme sus propios acuerdos comerciales. Sin embargo, ambos planteamientos pueden estar equivocados.
El debate sobre política comercial no protagonizó la campaña del referéndum británico sobre la salida de la Unión Europea, pero sí tuvo un papel fundamental en la visión de futuro de muchos defensores del Brexit. Estos esperaban liberar a su país de lo que entendían como limitaciones impuestas por la política comercial europea, y siguen esperándolo tras el referéndum. Por ejemplo, David Davis, secretario de Estado para la salida de la Unión Europea �denominado ministro para el Brexit -, ha propuesto crear un área comercial "que probablemente multiplicaría por 10 el tamaño de la UE". Davis hacía alusión, en parte, a la antigua Commonwealth británica, pero no era la primera vez que se mencionaba la voluntad de estrechar lazos económicos con los miembros de esa organización. ¿Cómo deben interpretarse esas aspiraciones y propuestas? Sobre todo, ¿qué medidas económicas serían necesarias para esa potencial política comercial británica? Por un lado, el gobierno británico se ha ido alineando antes de las elecciones del 8 de junio cada vez más con la noción de un "Reino Unido global", el cual intentaría liberalizar aún más el comercio y las inversiones siguiendo el modelo empresarial vigente a nivel nacional. Por otro, el discurso nativista que caracterizó la campaña del referéndum marca importantes limitaciones discursivas a la materialización de dichas propuestas.
Mientras tanto, el resultado de las elecciones - que inesperadamente privaron a la primera ministra, Theresa May, y al Partido Conservador de su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes - ha vuelto a abrir brechas entre partidarios del Brexit "duro" y "blando" que podrían limitar el margen de maniobra del secretario de Comercial Internacional, Liam Fox.
Para empezar, es necesario hacer hincapié en una realidad: la política comercial exterior de la UE ha ido reflejando de manera cada vez más clara las preferencias liberales del gobierno británico. Si bien la política comercial de la originaria Comunidad Económica Europea/Comunidad Europea estuvo marcada en sus primeras décadas por la pertinaz defensa del sector agrícola, el programa del mercado único, aplicado desde mediados de la década de 1980, terminó convirtiendo a la UE en un agente multilateral de carácter marcadamente agresivo. Promover una liberalización comercial no discriminatoria, auspiciada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), se convirtió en el principal interés de la Unión, particularmente en áreas "nuevas", como los servicios y las inversiones. Durante 2004 y 2008, cuando el británico Peter Mandelson fue comisario de Comercio, la ralentización y posterior estancamiento de las conversaciones de la OMC en la Ronda de Doha empujaron a la UE a relegar el multilateralismo para cerrar numerosos acuerdos comerciales bilaterales con los mercados emergentes de Asia. Llegó después la negociación de acuerdos de libre comercio con Canadá (CETA, propuesto en 2008 y firmado recientemente) y Estados Unidos (TTIP, propuesto en 2013 y actualmente en suspenso).
Los sucesivos gobiernos británicos no solo han respaldado estas negociaciones encabezadas por la UE, sino que sus defensores son, a la vez, eminentes adalides del Brexit (en especial, el secretario Fox). Esto no debería sorprender: uno de los principales motores de esta nueva generación de acuerdos comerciales ha sido la desregulación - sin precedentes, en el caso del TTIP - mediante la eliminación de las llamadas barreras no arancelarias al comercio, término que alude a las (discrepancias en) normativas domésticas como los estándares de seguridad alimentaria, entre otros -, las cuales obstaculizarían el libre flujo de bienes, servicios e inversiones ...
