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Se discute la legalidad del acuerdo de 9 de julio de 2013 del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por el que se aprobaba provisionalmente la modificación de la Ordenanza de 14 de enero de 2010, reguladora de los requisitos lingüísticos de los contratos administrativos, para adecuarla a las reformas en materia de contratación pública. La Abogacía del Estado interpuso recurso contencioso-administrativo contra la citada Ordenanza por entender que el Ayuntamiento es incompetente para efectuar una regulación tanto de la normalización lingüística como del régimen de la contratación. Además, se argumenta que la norma local es discriminatoria.
