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Un Ayuntamiento consulta a la Junta Superior de Contratación Pública de Valencia sobre la legalidad de un acuerdo plenario en el que se adoptaron varias medidas entre las que destacan, por ser aquellas sobre cuyo fondo se pronuncia la Junta, la de favorecer en los contratos públicos a aquellas empresas que tienen conductas fiscales socialmente responsables en detrimento de las empresas que utilicen paraísos fiscales para evadir impuestos y la de activar mecanismos para evitar la contratación de empresas cuya sede social radique en paraísos fiscales o que formen parten de una matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales. La Junta niega la legalidad de ambas medidas.
