Un ayuntamiento que está tramitando un expediente para otorgar la concesión de uso privativo sobre una parcela de titularidad municipal con la finalidad de destinarla a industrias cárnicas descubre que el licitador propuesto como adjudicatario, una sociedad limitada, es el administrador único de la misma y también es la misma persona que figura como administrador único de la mercantil actual concesionaria de dicha parcela municipal, adeudando esta última además una cantidad elevada en concepto de obligaciones tributarias, por lo que han surgido dudas sobre si resultaría de aplicación la prohibición de contratar a la mercantil propuesta como adjudicataria