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Pedro F. Rabanal Carbajo 
La pensión de viudedad fue concebida como una prestación de Seguridad Social para asistir la situación de necesidad de la mujer que por fallecimiento del sostén económico familiar quedaba en dificultades de subsistencia por falta de capacidad de ganancia. Dicho contexto ha cambiado radicalmente y la extensión de los beneficiarios, el cambio en las posibilidades de subsistencia y la aceptación y regulación de realidades sociales diferentes al matrimonio (parejas de hecho de distinto y del mismo sexo), ha obligado a un cambio en la regulación de la viudedad que ha planteado no pocas cuestiones sobre la constitucionalidad de la regulación, que se ha ido adaptando a los tiempos.
En este estudio se hace un repaso crítico de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre estas cuestiones, partiendo del corpus doctrinal compuesto principalmente por las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español que tienen como objeto principal de decisión la constitucionalidad de normas o decisiones relativas a la obtención y disfrute de pensiones de viudedad, corpus que se analiza e interpreta jurídicamente con el auxilio de bibiliografía sobre el particular, bien relativa a la propia exégesis de las resoluciones o a la materia de la pensión de viudedad en general cuando conecta con los supuestos en que se plantean dudas de adecuación a la Constitución Española de normas o resoluciones sobre ella.
Para la determinación del corpus a analizar se ha combinado la búsqueda genérica en las bases de datos jurídicas más usuales de la voz «pensión de viudedad» acotándola a los documentos que corresponden al órgano «Tribunal Constitucional», si bien del resultado de tal búsqueda se han excluido los documentos en que, pese a tratarse de resoluciones (Autos o Sentencias) del Tribunal Constitucional, que contienen el texto «pensión de viudedad», dicha mención no se corresponde con el objeto de la decisión o se menciona por diversas circunstancias sin que se aborden en ellos cuestiones de legalidad constitucional de normas o decisiones relativas a la pensión de viudedad.
Como principales hallazgos en este estudio puede destacarse que en la materia de pensión de viudedad el Tribunal Constitucional español acusa de modo particularmente evidente la composición de sus miembros, de modo que sin perjuicio de una técnica jurídica depurada y formalmente viable transluce en sus decisiones –muchas de ellas con votos particulares– su origen territorial e ideológico.
En lo jurídico, las decisiones son tributarias de la adaptación a los cambios sociales, particularmente los más recientes, de la normativa de una prestación de previsión social –la pensión de viudedad– cuyo nacimiento y fin prístino era muy concreto, bien definido y diferente de las necesidades de previsión actuales, adaptación lastrada por una especie de prisa legislativa poco compatible con la observación y reflexión pausadas que son garantía de productos legislativos de calidad.
Esa prisa legislativa conduce en efecto a situaciones de aplicación legal, en relación con aquellas nuevas realidades sociales –carácter menos protector y más meramente «retributivo» de la pensión de viudedad; extensión de la protección a las denominadas «parejas de hecho», extensión del matrimonio a parejas del mismo sexo y comprensión en las «parejas de hecho» también de las del mismo sexo– en que se cuestiona el acomodo a los principios constitucionales –señaladamente a los Derechos Fundamentales– de algunos de los requisitos de la legalidad ordinaria, remendada a toda prisa, para el acceso a la pensión de viudedad.
También las propias resoluciones del Tribunal Constitucional acusan a veces la urgencia de la adaptación de esa legislación imperfecta a la resolución del caso, llegándose a la conclusión de que la construcción jurídica de la pensión de viudedad pasa por momentos de inestabilidad y provisionalidad, en tanto no se descarte definitivamente la concepción originaria de la pensión y su finalidad y se adopte con claridad qué modelo de protección de la muerte y supervivencia quiere el legislador que se adopte.
Pormenorizando el análisis, las conclusiones se extraen particularmente en tres áreas de actuación concretas: en primer lugar, en relación con las nuevas y antiguas formas de matrimonio, en tanto que la pensión se diseñó prácticamente partiendo de una concepción unívoca del matrimonio resultando que la evolución evidencia muy variados supuestos sobre ello, tanto por razón de las circunstancias del propio matrimonio y su formalización, como en relación con la existencia de diversas formas de matrimonio, señaladamente desde el punto de vista territorial y confesional de los contrayentes y el reconocimiento como tal matrimonio en virtud de los parámetros antedichos, es decir, las formalidades, los territorios y las confesiones, lo que da lugar además a supuestos en que se plantea la existencia de varios y no sólo un beneficiario de la pensión de viudedad.
En segundo lugar, la evolución social ha tendido a equiparar e incluso a potenciar la estructura social en unidades de convivencia menos formales que el matrimonio –las denominadas parejas de hecho– hasta el punto de hacer sentir la necesidad de extender la protección por viudedad a esas parejas, extensión que ha planteado no pocos problemas, derivados no tanto de la mera realidad de las parejas de hecho –que si existentes con análoga finalidad de comunidad de vida que el matrimonio no plantearían problema alguno en la extensión del beneficio– sino de la necesidad del Sistema de previsión social –limitado en sus recursos– de distinguir esas parejas de hecho análogas al matrimonio que considera merecedoras de protección de otras realidades sociales (meras uniones de interés, coyunturales, utilitarias o de otro tipo) a quienes no se considera oportuno conceder la protección de muerte y supervivencia.
Y en tercer lugar, los problemas de adecuación se plantean particularmente cuando se ha entendido socialmente necesario incluir en la protección del sistema a las parejas del mismo sexo, concepción ciertamente distinta de la originaria para la protección de la pensión de viudedad, si bien el abordaje de las dos cuestiones anteriores, las parejas de hecho y los distintos modos de matrimonio, particularmente desde que el matrimonio legalmente admite la homosexualidad de los contrayentes, supone que los problemas en relación con las parejas del mismo sexo se diluyen en la mayoría de las ocasiones en los de los dos grupos anteriores, los matrimonios y las parejas de hecho, de modo que sus soluciones les son aplicables porque los problemas de acceso a la pensión de viudedad no vienen condicionados por la condición sexual de los beneficiarios, sino por la pertenencia de ellos a uno de los dos grupos anteriores, matrimonios con incidencias o parejas de hecho conformadas con arreglo a lo que impone la legalidad, es decir, parejas de Derecho.
Widowhood pensions were conceived as Social Security benefits to give financial help to those widows who after the death of the family breadwinner met subsistence difficulties due to the lack of earnings. That context has totally changed and the extent of beneficiaries, the change in subsistence possibilities and the acceptance and regulation of social realities that are different from marriage (common-law couples and same-sex partners), has forced to change the regulation of widowhood; this fact has raised many questions about the constitutionality of the regulation, which has been adapting to the times.
In this study, a critical review of the pronouncements of the Constitutional Court on these issues is presented, starting from the body of doctrine, which is composed mainly of judgements passed by the Spanish Constitutional Court and whose main object of decision is the constitutionality of laws or decisions about getting and enjoying widowhood pensions; this body of doctrine is analysed and interpreted legally with the help of bibliography on the subject, either about the own interpretation of resolutions or about the subject of widowhood pensions in general when it deals with cases that raise questions of adaptation to the Spanish Constitution rules or resolutions on it.
In order to establish the body of doctrine to be analysed, a generic search has been combined in the most common legal databases for the term «widowhood pension» filtering it to documents which correspond to the «Constitutional Court» organ; from the search results, some documents have been excluded, in spite of the fact that they were resolutions (decisions or judgements) of the Constitutional Court containing the text «widowhood pension»; that indication does not correspond to the subject of the decision or it is mentioned because of several circumstances without addressing constitutional legality of laws or decisions related to widowhood pensions.
As main findings in this study it may be noted that in the subject of widowhood pensions the Spanish Constitutional Court clearly reveals the composition of its members, so that without prejudice to a refined and formally feasible legal technique, its decisions –many of them with individual votes– betray its territorial and ideological origin.
On legal grounds, decisions are a consequence of adaptation to social changes, particularly to the most recent ones, to the regulation of benefits within the welfare system –widowhood pensions– whose birth and original purpose was specific, welldefined and different from current welfare needs; such adaptation was burdened by a sort of legislative haste, hardly compatible with deliberate observation and reflection, which guarantee good quality legislative products.
Indeed, this legislative haste leads to legally applicable situations in relation to those new social realities –of less protective and more purely «compensatory» nature– of widowhood pensions; extension of welfare to so-called «common-law partners», extension of marriage to same-sex couples and understanding of same-sex couples as «common-law partners», where the agreement with constitutional principles is questioned –particularly with fundamental rights– of some of the requirements of ordinary law, hastily patched to give access to widowhood pensions.
Also the own resolutions of the Constitutional Court sometimes reveal the urgency of adaptation of that flawed legislation to the case resolution, concluding that the legal construction of the widowhood pension goes through unstable and temporary periods, as long as the original conception of the pension and its purpose is not definitely discarded and a clear decision is made by the legislator about what kind of model of death and survival benefit is adopted.
After having described the analysis in detail, conclusions are particularly drawn in three specific areas of action: first, in relation to new and old models of marriage, as the pension was practically designed starting from a univocal conception of marriage and resulting in different assumptions about it, both because of the circumstances of the marriage itself and its execution, and in relation to the existence of various models of marriage, especially from the point of view of territory and religion of the parties and recognition as such marriage under the above parameters, i.e., the formalities, territory and religion, which also leads to situations where there are several beneficiaries and not just one entitled to the widowhood pension.
Secondly, social evolution has tended to consider equal and even enhance the social structure in units of cohabitation less formal than marriage –the so-called common-law partners– to the point of making you feel the need to extend widowhood pensions to those couples; this extension has raised many problems, derived not so much from the mere existence of common-law partners –that if they had a similar purpose of community life than marriage, they would not pose any problem to the extent of benefits– but from the need of the welfare system –limited in its resources– to distinguish those commonlaw partners (similar to marriage that it considers entitled to welfare benefits) from other social realities (mere relationship of common interest, temporary, utilitarian or otherwise), which are not considered entitled to death and survival benefits.
And thirdly, the problems of adjustment arise particularly when it is understood from a social point of view that same-sex couples are to be included in the welfare system;
this conception of widowhood pensions as a welfare tools is certainly different from the original one, although the approach of the two previous questions (common-law partners and different models of marriage, particularly since the marriage legally admitted homosexuality of the contracting parties) means that the problems in relation to samesex couples are diluted in most cases in the previous two groups, marriage and commonlaw partners, so that their solutions are applicable to them because the problems of access to widowhood pensions are not determined by the sexual orientation of beneficiaries, but by belonging to one of the previous two groups, couples with incidents or common-law partners legally constituted, i.e. «in fact» and «in law» couples.
