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Iván Antonio Rodríguez Cardo
El régimen jurídico de las prestaciones por muerte y supervivencia ha sido diseñado en buena medida por los tribunales, puesto que la normativa aplicable no daba respuesta expresa a muchos de los heterogéneos supuestos que en la práctica se producían. Así ha sucedido con las reglas de reparto de la pensión entre cónyuges y excónyuges, objeto de múltiples litigios que permitieron conformar un rico cuerpo de doctrina jurisprudencial.
La Ley 40/2007 modificó la redacción legal y con ello se han generado dudas sobre la vigencia de esas reglas. De ahí que resulte imprescindible un análisis detenido de la nueva configuración legal con el fin de determinar su alcance. En particular, la jurisprudencia tradicional había mantenido que el derecho del cónyuge supérstite debe configurarse como un derecho pleno, en tanto que los excónyuges únicamente debían disfrutar de un derecho proporcional al tiempo de convivencia.
La reforma operada por la Ley 40/2007 modificó profundamente la fisonomía de la pensión de viudedad, como es bien sabido. Como novedad principal, seguramente la más significativa, se procedió a una ampliación del número de potenciales beneficiarios al extender la condición de beneficiario a las parejas de hecho siempre que reúnan determinados requisitos, de modo que el matrimonio ya no se configuraba como requisito sine qua non para disfrutar de la pensión. No obstante, esa medida venía acompañada de otras más restrictivas, en particular para los excónyuges, que hasta ese momento podían acceder a la condición de beneficiarios siempre que no hubieran contraído nuevo matrimonio; esa reforma legal introdujo un requisito adicional, muy exigente, pues atribuyó a la pensión compensatoria civil un papel determinante en la configuración de la acción protectora del sistema de Seguridad Social. En efecto, desde ese momento la pensión compensatoria civil se convertiría en una exigencia para disfrutar de la pensión de viudedad, con escasas excepciones, y además en un límite a la cuantía de esa pensión pública, que no puede exceder del importe de la pensión compensatoria que percibía el excónyuge y que se extingue en el momento de fallecimiento del causante. Además, la reforma de 2007 precisaba las reglas de reparto de la pensión de viudedad cuando concurren a ella varios beneficiarios, alterando en cierto modo los criterios más tradicionales, que de alguna manera daban preferencia al excónyuge, al presumir que el primer matrimonio había sido más relevante en la vida del causante, y que el último enlace había tenido lugar en los últimos años, de modo que había que garantizar el derecho de quien compartió más tiempo de vida con el causante. Tras la reforma legal se invierte esa perspectiva, dando prioridad, en cierto modo, al derecho del supérstite sobre el del excónyuge, hasta el punto de garantizar un mínimo al supérstite, un 60 por 100, que puede derivar en una reducción de la parte de la pensión que corresponde al excónyuge conforme a estrictos criterios de proporcionalidad.
Como es razonable, todas esas novedades obligaron a dar nueva redacción a los preceptos legales que establecen el régimen jurídico de la pensión de viudedad. Sin lugar a dudas, en esos preceptos todavía late la redacción anterior, de modo que estas nuevas medidas se incorporaron al precepto modificando los párrafos o pasajes correspondientes, pero no reformulando completamente su contenido. El precepto legal resultante de aquella modificación legal, que ha pasado incólume, como es razonable, al Texto Refundido de 2015, es parcialmente diferente del anterior, y ha dado pie a interpretación diversas, pues su estructura interna y su redacción no resultan exactamente coincidentes, como se ha dicho. De este modo, no resulta extraño que se hayan reavivado viejos debates que parecían ya superados, y que afectan directamente a la posición de los beneficiarios de la pensión de viudedad, cuestionando una doctrina jurisprudencial que ya parecía consolidada y que, más allá de que pudiera estimarse más o menos justa para unos u otros beneficiarios, lo que desde luego depende de la perspectiva de aproximación, proporcionaba gran seguridad jurídica y daba lugar a un reparto razonable.
Sin embargo, a resultas de la reforma legal de 2007, el art. 174 de la LGSS de 1994, actual art. 219 LGSS de 2015, permite defender, con argumentos sólidos, que el derecho del excónyuge ya no se configura como un derecho proporcional al tiempo convivido, sino como un derecho auténticamente pleno, cuando ese excónyuge separado o divorciado –no en casos de nulidad– sea el único beneficiario de la pensión de viudedad. Con ello, el excónyuge que concurra como único beneficiario tendría derecho a la totalidad de la pensión de viudedad, y no a una parte proporcional, de modo que su posición respecto a la pensión de viudedad coincidiría con la que disfruta el supérstite, sea cónyuge, sea pareja de hecho, cuando es asimismo el único beneficiario de la pensión. Además, y siguiendo esta misma línea de exégesis literal, el precepto permite igualmente defender que el derecho del supérstite ya no es pleno, sino estrictamente proporcional al tiempo de convivencia, cuando se produzca una concurrencia de beneficiarios. Hasta el momento, en supuestos de concurrencia el cónyuge supérstite disfrutaba de un derecho pleno, mientras que los excónyuges sólo podían acceder a una parte de la pensión proporcional al tiempo de convivencia, de modo que la pensión del supérstite se veía reducida en tanto concurriera con algún excónyuge, pero los períodos de no convivencia siempre beneficiaban al supérstite, que además veía incrementada su pensión cuando se extinguía la parte de pensión que correspondía a algún excónyuge.
Ni la tramitación parlamentaria de la Ley 40/2007 ni el Preámbulo de la norma proporcionan pauta o indicación que permitan sustentar un cambio tan significativo en la posición del supérstite y de los excónyuges, que, si bien se mira, parece contradictorio con la finalidad de las medidas que introducía esa norma, pues la exigencia de pensión compensatoria, y su repercusión en la cuantía de la pensión de viudedad, así como la garantía de un mínimo del 60 por 100 de la pensión para el supérstite, parecen indicar que el legislador pretende limitar el derecho de los excónyuges a la pensión de viudedad. La atribución de un derecho pleno o la eventual igualdad con el supérstite serían claramente contradictorias con esa otra finalidad. Además, esa nueva posición genera una serie de problemas interpretativos en la distribución de la pensión de viudedad, y en la relación de la pensión de viudedad con las de orfandad, que probablemente demuestran que nunca fue intención del legislador mejorar la posición del excónyuge, sin perjuicio de que la defectuosa técnica legislativa permita defender esa interpretación. El presente estudio tiene por objeto, precisamente, poner de manifiesto las dificultades de articulación que provocaría esa pretendida posición del excónyuge en el marco de las prestaciones por muerte y supervivencia.
The legal regime of death benefits and survivors’ benefits has been designed largely by Courts, since the applicable rules did not clearly respond to many of the heterogeneous events that would occur in practice. This has been the case for the rules of the pension benefits which had to be shared between spouses and former spouses, subject to multiple lawsuits that made up a rich body of jurisprudence. Law 40/2007 amended the legal drafting and thus, some doubts have been generated about the validity of those rules.
Hence, a careful analysis of the new legal framework becomes essential in order to establish its scope. In particular, the traditional jurisprudence had stated that the surviving spouse is entitled to full-fledged rights, while former spouses were only entitled to proportional rights according to the duration of cohabitation.
The amendments to Law 40/2007 deeply changed the features of widowhood pensions, as is well known. The main and probably the most significant novelty was the increase in the number of potential beneficiaries by extending the beneficiary status to unmarried couples as long as they meet certain requirements, so that marriage is no longer configured as a sine qua non requirement to be entitled to the benefit. However, this measure came together with more restrictive ones, particularly for former spouses, who until then had access to the status of beneficiaries provided that they had not remarried;
that legal reform introduced an additional and demanding requirement because the civil compensatory pension started playing a decisive role within the protective action of the Social Security system. Indeed, since that moment the civil compensatory pension became a kind of requirement to be entitled to the widowhood pension, with few exceptions, and also with a limited amount of the state pension, which cannot exceed the amount of the compensatory pension the former spouse used to receive and which is extinguished at the death of the deceased. In addition, the 2007 amendment needed some rules to apportion the widowhood pension when there are several beneficiaries, altering somehow the most traditional criteria, which in some way gave preference to the former spouse, presuming that the first marriage had been more important in the life of the deceased, and that the last marriage had taken place in recent years, so the rights of the partner who shared a longer period with the deceased needed to be guaranteed. After this legal reform, that point of view is reversed, giving priority, in some way, to the right of the surviving spouse over the former spouse, to the point of guaranteeing a minimum pension to the surviving spouse, a 60 percent, which can lead to a reduction in the part of the pension which corresponds to the former spouse in accordance with strict criteria of proportionality.
It is reasonable to consider that all these developments forced to redraft the legal provisions that establish the legal status of widowhood pensions. Certainly, the previous wording still remains in those provisions, so these new measures were incorporated into them by modifying paragraphs or the corresponding extracts, but not reformulating completely their content. The legal provision resulting from that legal amendment, which has remained intact, as expected, and has led to the revised text of 2015 is partially different from the aforementioned, having caused different interpretations, because its internal structure and wording are not exactly coincident, as it has been said. Thus, no wonder old debates that seemed to be over are back again, having a direct effect on the position of the beneficiaries of widowhood pensions and questioning a jurisprudential doctrine that seemed already consolidated; beyond what could be considered more or less fair for one or other beneficiary, which of course depends on the different approach, the above mentioned jurisprudence provided a great deal of legal certainty and a reasonable share of benefits.
However, as a result of the legal reform of 2007, Article 174 of the General Law on Social Security (LGSS) of 1994 (current Article 219 of LGSS of 2015) allows to defend with solid arguments that the rights of the former spouse are not proportional to the time of cohabitation of the couple but they are full-fledged rights when the former spouse, separated or divorced but not in cases of nullity, is the sole beneficiary of the widowhood pension. Therefore, the former spouse who becomes a sole beneficiary would be entitled to the full survivor’s pension, not a proportion, so that his/her position in relation to the widowhood pension would be similar to the one surviving spouse, either spouse or common law partner, when he/she is also the sole beneficiary of the pension. In addition, according to this literal interpretation, the provision also makes it possible to defend that the rights of the surviving spouse are no longer full-fledged, but strictly proportional to the cohabitation period, when a concurrence of beneficiaries occurs. So far, in cases of concurrence, the surviving spouse was entitled to full-fledged rights, whereas former spouses could only receive a part of the pension according to the duration of cohabitation, so the pension of a surviving spouse was reduced in case of concurrence of a former spouse, but cohabitation periods always benefited the surviving spouse, who was also entitled to a higher pension when the part of the pension corresponding to a former spouse had expired.
Neither the parliamentary procedure of Law 40/2007 nor the Preamble to the regulation provide any guideline or indication which allow to support such an important change in the position of the surviving spouse and former spouses, which looked closely, seems to be a contradiction of the aim that this rule introduced, since the requirement of alimony, and its impact on the amount of the widowhood pension as well as the guarantee of a minimum of 60 percent of the pension for the surviving spouse seem to indicate that the legislator intended to limit the right of former spouses to widowhood pensions. Conferring full-fledged rights or possible equality with the surviving spouse would definitely mean a contradiction of the other purpose. In addition, this new position generates a series of problems to interpret the distribution of widowhood pensions, and the relationship of them with orphan’s pensions, which probably show that the legislator never intended to improve the position of the former spouse without affecting the faulty legislative technique which allows to uphold that interpretation. As a matter of fact, this study aims to highlight the difficulties of organization that the intended position of the former spouse would cause within the frame of death benefits and survivors’ benefits.
