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César Rodríguez Gutiérrez, Juan Francisco Canal Domínguez
La reforma laboral de 2012 incorporó un mecanismo sencillo para la inaplicación de un convenio colectivo, con el objetivo de que las empresas en crisis pudieran ajustar los costes salariales para evitar recortes más profundos en el empleo. Desde esa fecha, las inaplicaciones no han sido muy frecuentes en la práctica, situándose el porcentaje de trabajadores afectados por las mismas por debajo del 1% (con la excepción del año 2013, en que se elevó al 1,5%). El análisis de una muestra de 447 empresas que inaplicaron un convenio colectivo en el periodo 2012-2013, ha permitido observar cómo, tras el profundo deterioro de los ingresos de explotación, los resultados y la rentabilidad económica que tuvo lugar al inicio de la crisis, los tres indicadores mencionados se han ido recuperando ligeramente a partir de 2012, primer año en que las inaplicaciones fueron posibles. Lo mismo ha sucedido (con un año de retraso) con el nivel de empleo, aunque no con el coste laboral medio, que sólo ha comenzado a recuperarse en 2014. También se ha podido constatar que las empresas que inaplican presentan una elasticidad del empleo ante cambios en los salarios de -0,37.https://doi.org/10.21114/rel.2016.02.04
