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Aitana de la Varga Pastor 
La tendencia recentralizadora de las competencias en el Estado español no escapa de la materia ambiental y tampoco de la evaluación ambiental. La garantía de la unidad de mercado, la seguridad jurídica y otros argumentos han servido de excusa para promulgar normativa en pro de la armonización de la regulación. De ahí se deriva la promulgación de leyes de carácter básico con un detalle de regulación propio de un reglamento que dejan poco margen de actuación a las comunidades autónomas (CCAA) salvo que decidan dictar normas adicionales de protección. En la práctica esto conlleva una merma en las competencias autonómicas, una involución de las autonomías políticas y de la descentralización del Estado español. La actual Ley estatal básica 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ha propiciado esta involución. En este trabajo analizamos cuáles son las consecuencias que se derivan de esta normativa en las competencias autonómicas sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA) de proyectos. Para ello se ha estudiado la propia norma básica y las regulaciones autonómicas sobre EIA, deteniéndonos en aquellos aspectos novedosos de la legislación autonómica respecto a la legislación básica. Finalmente, a modo de conclusión, se aportan recomendaciones y propuestas en relación con la cuestión estudiada.
The trend to centralise the competences in the Spanish State does not escape the field of environment nor the environmental assessment. Ensuring market unity, security and other legal arguments have served as an excuse to enact legislation towards harmonization of regulation. Hence the enactment of laws of basic character with a detail of treasury of a regulation that leave little room for maneuver to the CCAA unless they decide to enact additional protective regulation. In practice, this entails a reduction in regional powers, an involution of political autonomy and in the decentralization of the Spanish State. The current basic state law 21/2013, of December 9, environmental assessment has led the involution. In this paper we analyse the consequences of this legislation in the autonomous powers on the environmental impact assessment of projects. For this we have studied the basic rule itself and the regional EIA regulations, focusing in those new aspects of the regional legislation regarding basic legislation. Finally, in conclusion, recommendations and proposals in relation to the experimental question are provided.
