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Sheila Bravo Barriga
En el año 2000 se configura un nuevo modelo de intervención para el sistema de justicia juvenil con la aprobación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores, estableciendo los límites de edad penal entre los catorce y dieciocho años. Con esta decisión no solo se elevaban dichas edades, sino que se abogaba por una ley cuyos fines y principios distaban mucho de los conocidos hasta entonces, siendo el interés superior del menor su máxima prioridad. Su entrada en vigor suponía, por ende, la exclusión de los menores de catorce años de su ámbito de aplicación, derivándolos a lo dispuesto en las leyes civiles y facultando a las entidades protectoras a promover aquellas medidas que consideraran más adecuadas. La descentralización que caracteriza a España en materia de política social ha hecho que sean las comunidades autónomas, a través de los Servicios de Protección, las responsables de responder a aquellos que tienen menos de catorce años y llevan a cabo conductas tipificadas como delitos o faltas en el Código Penal. El objetivo de esta investigación se centra en analizar las estrategias de intervención diseñadas para este colectivo, delimitando primeramente el contexto donde se ordena la responsabilidad penal de los menores y definiendo su tratamiento jurídico. Asimismo, se pone de manifiesto la variedad de respuestas de los organismos públicos ante esta situación y se indaga en algunas de las provincias donde se desarrollan experiencias concretas de intervención socioeducativa. En definitiva, dar a conocer esta realidad tan opaca podría ayudar a valorar si la respuesta actual es la más adecuada o, si por el contrario, debe someterse a revisión
In 2000 a new model of intervention for juvenile justice system is set in Spain thanks to OL 5/2000 Juvenile Criminal Act of 2000's approval, establishing criminal age limits between 14 and 18 years old. This decision not only rises those ages, but also advocated a law whose principles and objectives were far from known hitherto, while children's interests were their top priority. The entry into force of this law excluded children under 14 years old, leaving them to the Childhood Protection System. It means that the regional government has assumed the responsibility to respond for 14 years old children who commit crimes or offenses established in the Criminal Code. The main objective of this research is to analyze the intervention strategies designed for this group, defining the context of the criminal responsibility and their legal treatment. This work also pretends to show the variety of responses from public institutions and some specific experiences of educational intervention in Spain's provinces. In short, a better understanding about this reality can help assess if the response has been adequate or if it should be reviewed
