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El presente trabajo contiene una valoración crítica de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. El autor cuestiona que la creación del complejo entramado institucional que se propone en este texto sea la vía más adecuada para luchar contra estos delitos y propone vías alternativas más sencillas pero no necesariamente menos efectivas.
