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Alex Ferreres Comella
El pasado 26 de julio de 2016 expiraba el plazo concedido por la Comisión Europea a los Estados miembros para que adaptaran sus sistemas procesales a los principios establecidos en la Recomendación de junio de 2013.
Aunque nuestra legislación nacional ya dispone de una regulación de las acciones colectivas más ambiciosa que la que deriva de aquellos principios, su carácter incompleto y en cierto modo asistemático genera no pocos problemas interpretativos y de aplicación; así lo demuestra la experiencia judicial acuñada hasta la fecha. La Recomendación de la Comisión Europea debería ser tomada en consideración como una invitación a reflexionar sobre la oportunidad de introducir modificaciones en nuestra regulación sobre las acciones colectivas, que la completen y la mejoren.
El presente trabajo tiene por objeto facilitar pautas sobre cómo debería modificarse, en su caso, nuestro sistema de acciones colectivas
On 26 July 2016, the deadline expired as granted by the European Commission to Member States to adapt their procedural systems to the principles set out in the June 2013 Recommendation.
Although our national legislation already has a more ambitious collective action framework than that derived from those principles, its incompleteness and somewhat unsystematic nature generates a number of problems regarding its interpretation and enforcement; as evidenced by the judicial experience to date. The Recommendation of the European Commission should be taken into consideration as an invitation to reflect on the opportunity to introduce amendments in our regulation of collective actions, in order to improve and complete it.
This paper aims to provide guidelines on how our system of collective actions should be modified.
