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El 6 de febrero de 2012 se adjudicó un contrato de obras a una UTE formada por dos empresas. Días más tarde, una de estas empresas fue declarada en concurso de acreedores, atendiendo así la solicitud que la empresa había presentado respecto de lo cual ya había pedido las diligencias concursales preparatorias el 17 de noviembre de 2011. Tras solicitar informe a la Abogacía del Estado, la mesa de contratación apreció que la otra empresa que formaba la UTE cumplía por sí sola el requisito de clasificación establecido por el pliego de cláusulas administrativas particulares y formalizó con esta el contrato. Las empresas cuya oferta quedó en segundo lugar en puntuación cuestionan la legalidad de esta actuación.
